Así es la mansión por la que piden cinco años de cárcel para Marisol Yagüe

Un complicado panorama judicial

La Fiscalía pide 5 años de cárcel para la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe por reformar su mansión con materiales del almacén municipal. El caso fue denunciado por el constructor Alberto Piñana, propietario de la empresa Copasur, que realizó la reforma de la vivienda. Según consta en el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso Vanitatis, la edil, que está en prisión cumpliendo condena por el caso Malaya, contrató verbalmente en 2004 unas obras de reforma de su vivienda para acondicionar baños y aseos. La ejecución de la obra se convirtió en una reforma integral de la casa, como muestran las fotografías que constan en el sumario y a las que ha tenido acceso este medio, a través de la empresa constructora Copasur. La villa de lujo está valorada en 1,9 millones de euros, según el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Marbella.

Cinco años de prisión

Por esta mansión, la Fiscalía de Málaga solicita cinco años de prisión para la exalcaldesa Isabel Yagüe por realizar una reforma integral utilizando, supuestamente, materiales del almacén municipal. Además, se la juzgará por no iniciar expedientes sancionadores "pese a conocer que carecía de la preceptiva licencia de obras menores".

Una reforma de 940.000 euros

Alberto Piñana es el empresario que destapó el escándalo al denunciar a la exalcaldesa marbellí por no pagarle la reforma. El constructor contó al juez que la regidora le debía cerca de 940.000 euros por las obras y que Yagüe había tratado de pagar esos trabajos con fondos municipales.

Tasado en casi 2 millones de euros

El chalé está valorado en 1,9 millones de euros según el juzgado de Primera Instancia número 5 de Marbella. Estaba prevista su subasta para el 23 de septiembre de 2008, pero en el último momento Marisol Yagüe consignó en los juzgados los 940.000 euros de la deuda de la reforma y evitó que finalmente se subastara.

Hizo oídos sordos a peticiones del consistorio

Con el tiempo, "la ejecución de esta obra se convirtió en una reforma integral de la vivienda", dice la acusación pública, que señala que el consistorio le requirió que remitiera planos y presupuesto detallado de la actuación, "que no se aportaron puesto que este requerimiento no fue atendido por la peticionaria de la licencia".

Actuó con conocimiento de causa

Según reza la sentencia: "Pese a conocer que carecía de la preceptiva licencia de obras menores, promovió su ejecución y progresiva ampliación hasta convertirse en una reforma integral de la vivienda", señala el escrito, añadiendo que "con arbitrario e interesado incumplimiento de las obligaciones que le correspondían por razón del cargo que ostentaba y de su condición de máxima autoridad urbanística, no realizó actuación alguna para suspender los trabajos".

Se autorizó el uso del material municipal

La acusación pública sostiene que los otros acusados, que son el entonces concejal de Obras, Vicente Manciles, y dos técnicos municipales ‒uno de ellos no es acusado por el ayuntamiento, personado como acusador particular‒, "autorizaron la salida de material de construcción de titularidad municipal" del almacén situado en Las Albarizas "a sabiendas de que iban a ser utilizados para fines ajenos a los públicos".

23.500 euros de material público

Según precisa el fiscal, supuestamente, los empleados de la empresa retiraron distintas cantidades de mármol y granito, valorándose en 23.515 euros los materiales que se utilizaron en la realización de la obra en la vivienda particular de Yagüe, sin que haya quedado probado el destino del resto del material.

Exigencias de diva

Según dicha sentencia, la exregidora dio órdenes a los operarios que trabajaron en la reforma de su chalet de derribar en diez ocasiones el tabique del baño y cambiar "como tres veces" las ventanas y los radiadores del salón.

La casa ha sido ampliada

Según la nota simple informativa del Registro de la Propiedad número 2 de Marbella, la vivienda ocupa una superficie construida de 395,10 metros cuadrados en un terreno de 1.317,64 metros cuadrados, mientras que, según el informe, la superficie real de la casa supera los 830 y la parcela posee casi 1.460.

Dos delitos de prevaricación y malversación de caudales

A Yagüe se le acusa de un delito de prevaricación administrativa por omisión, por el que se solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público; y por otro de malversación de caudales, por el que también están acusadas las otras tres personas y por el que se pide a cada uno cinco años de prisión y nueve de inhabilitación.