Del Audi Q7 del empleado a los 18 chalés de la familia: el lujo de los Ruiz-Mateos

“Nos han educado para cumplir con nuestros compromisos. Si hace falta, venderemos hasta nuestras casas antes de dejar de pagar lo que debemos”, dijo José María Ruiz-Mateos hijo el 19 de febrero de 2012 cuando se conoció que la deuda del emporio familiar con Hacienda, Seguridad Social e inversores podía oscilar en 1.500 millones de euros.

El auto de este lunes del juez José de la Mata en el conocido caso Rumasa ha dado una vuelta de tuerca a aquella afirmación e indica cómo el empresario y sus hijos urdieron una enrevesada estrategia financiera para “salvar y ocultar” el emporio familiar. Dice el juez que entre los préstamos hipotecarios de la familia jerezana se encuentran los correspondientes a 18 chalés y cuatro viviendas por un importe de deuda de 15,2 millones de euros, además de diversos inmuebles en Jerez, situados en la urbanización María de la Quintana, por otros 3,4 millones. Esto significa que en total el grupo empresarial soportaba una deuda de 18,6 millones de euros para sufragar las residencias familiares de la familia del empresario José María Ruiz-Mateos, fallecido en 2015.

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La familia Ruiz-Mateos poseía un fuerte patrimonio inmobiliario, formado por chalés en las madrileñas localidades de Aravaca (un chalé y un piso dúplex), en Pozuelo (la casa familiar en la calle Alondra, otra en la avenida de la Iglesia y en la calle Ciervo), viviendas en Sotogrande y otras localidades de la provincia de Cádiz como las nueve propiedades en Jerez o los cinco chalés de Rota, además de fincas en Albacete.

Para adquirir y controlar cada propiedad creaban una sociedad española propietaria del inmueble y una sociedad extranjera, casi siempre de Belice, propietaria de la anterior sociedad española y colocaban a un miembro de la familia, generalmente el usuario de ese inmueble, como administrador de la sociedad española y apoderado de la sociedad extranjera. Las sociedades españolas recibían fondos del grupo empresarial para pagar las hipotecas y otros gastos imputables a las viviendas como las cuotas de las aseguradoras o suministros como la luz o el agua. Así, concluye el juez, que entre 2009 y 2011 se abonó un total de 1.230.115 de euros para este tipo de gastos.

Señala también el magistrado entre las operaciones llevadas a cabo la más destacada es la realizada por la sociedad Dirham & Doblon SL, propiedad de Caserna Peninsular SL, a su vez propiedad de Godstone Alliance Inc, cuyo administrador era el empresario jerezano, que adquirió el 12 de junio de 2009 una vivienda en el municipio gaditano de Sotogrande, además de una concesión administrativa de un punto de atraque por 855.000 euros. Esta compra se financió con préstamos de CajaSol y Banesto y pagarés.

Nueva Rumasa captaba importantes inversiones en oficinas situadas en localidades por todo el territorio nacional, entre las que destacaba una a la que todos llamaban el 'banquito de Jerez', dirigida por un empleado de confianza, José Ramón Romero, que sustraía ingresos a Hacienda. Solo en 2007 Romero ingresó 96.863 euros en las cuentas de su mujer y disfrutó de otros 361.493,53 en efectivo para, entre otras cosas, pagar un Audi Q7 a nombre también de ella y aún le quedó líquido (unos 6.000 euros) para guardarlos en la caja fuerte de su domicilio. El juez cree que adquiría bienes de lujo como vehículos de alta gama, una embarcación, joyas… que no se correspondían con la renta que declaraba.

Otra de las máximas fijadas en la resolución judicial es la participación de Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero. Dice el juez también que parte del dinero se ocultó con su colaboración en cuentas en el extranjero, principalmente en Suiza, de las que era titular o beneficiario. Él es el eslabón internacional que servía, según la policía, para proteger las propiedades inmobiliarias. ¿Qué recibía a cambio? Pues la decisión judicial es muy clara al respecto: dice que el sobrino recibía pagos por sus servicios como acciones u hoteles.

Y no nos olvidemos de otra pieza fundamental: los sueldos para mantener el nivel de vida. Señala el juez que en julio de 2011 el liquidador Ángel del Cabo se reunió con la familia en la residencia de Somosaguas, aquella que ocupaba casi 7.000 hectáreas y más de 1.000 m² de vivienda, y firmó un pacto en el que se comprometía a salvar el mayor patrimonio que resultaría de la liquidación en los procedimientos judiciales ya en curso a cambio de entregar el 80% de ese patrimonio a los hermanos Francisco Javier, Álvaro, Pablo, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz-Mateos y a su padre, a quienes, además, satisfaría un sueldo mensual hasta la finalización de dichos procedimientos. Del Cabo se quedaría con el 20% restante de ese patrimonio. Ese acuerdo se documentó con posterioridad con una cláusula de absoluta confidencialidad y obligación de guardar secreto que debía firmarse reservadamente al tiempo de otorgarse las correspondientes escrituras de compraventa de las sociedades. Esta maniobra, sin embargo, no impidió que el juez embargara 21 fincas en Albacete y otra en Jerez.

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