Primo de Rivera: un ducado de culebrón que busca heredero

El Gobierno publicaba este mismo sábado 14 de septiembre a través del BOE (Boletín Oficial del Estado), la noticia de la solicitud del ducado de Primo de Rivera por su legítimo heredero. El Ministerio de Justicia hacía pública la solicitud de Fernando María Primo de Rivera y Oriol por razón de herencia. Miguel Primo de Rivera y Urquijo, su padre, falleció el pasado mes de diciembre de 2018.

El de Primo de Rivera es, junto con el de Franco, uno de los ducados malditos. Son los títulos nobiliarios designados por el dictador Franco para recompensar el compromiso de sus dignatarios con el régimen. Las críticas no se han hecho esperar; la solicitud del título ha sido vista por algunos como una aceptación, por parte del Gobierno, de que el título se perpetúe en el tiempo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera un “grave agravio contra las víctimas” el hecho de seguir reconociendo “en democracía a líderes fascistas”.

[LEA MÁS: Los nobles de Franco respiran tranquilos]

La polémica se acrecienta porque la sucesión llega apenas un mes después de que el Gobierno anunciara su intención de suprimir los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco. En este caso, el ducado de Primo de Rivera, con grandeza de España, es un título que Franco concedió póstumamente, por decreto el 18 de julio de 1948, al fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, que murió durante la Guerra Civil Española el 20 de noviembre de 1936.

Lo cierto es que el Gobierno no tiene potestad para hacer nada en este punto del proceso. Como recuerdan siempre en la Diputación de la Grandeza, la concesión de cualquier título nobiliario obedece a un procedimiento reglado que no se puede quebrantar así como así. El heredero con mejor derecho solicita el título, lo que inevitablemente debe aparecer en el BOE. Es a partir de aquí donde el Ejecutivo tiene más margen de maniobra, como ha demostrado en el caso de Carmen Martínez-Bordiú. El ducado de Franco, también con grandeza de España, languidece en un cajón del Ministerio de Justicia a la espera de que la ministra Dolores Delgado lo firme y lo pase al rey Felipe para su sanción. Aunque la concesión del título fue publicada por el Boletín Oficial del Estado, hasta que no se expide la llamada Real Carta de Sucesión no se puede utilizar el título.

Mientras el actual Ejecutivo siga siendo el mismo, es muy probable que a Fernando Primo de Rivera le ocurra como a Carmen. Será duque de Primo de Rivera, pero solo en el BOE. Su padre, Miguel Primo de Rivera y Urquijo, era sobrino de José Antonio, además de fundador de la Falange, alcalde de Jerez de la Frontera y consejero nacional del Movimiento. Pero Fernando, el último solicitante del título, no es el único que contará con un ducado heredado del franquismo.

Conde de Castillo de la Mota

Pelayo Primo de Rivera y Oriol, su hermano, es conde del Castillo de la Mota. En su caso, el título, creado también por el propio dictador, le llega de su tía abuela, Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio, que fue delegada nacional de la Sección Femenina durante toda la dictadura franquista.

La polémica del ducado de Primo de Rivera viene de lejos y parece ir intrínsecamente unida al propio título y sus poseedores. Es desconocida para muchos la historia que le acompaña desde el siglo pasado. En 1958, el II duque de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera y Saenz de Heredia, poseedor del título entre 1948 y 1964, ya copó los titulares de los periódicos de la época. El motivo no tuvo nada que ver con motivaciones políticas y sí mucho con una historia más propia de un culebrón de telenovela contemporánea.

Miguel Primo de Rivera, aparte de ministro y diplomático, era conocido por su fama de rompecorazones. De personalidad arrebatadora, el duque desplegaba a partes iguales sus dotes como diplomático y sus encantos con las mujeres. Persona del círculo de confianza del rey Jorge VI y luego de Isabel II, el duque de Primo de Rivera era un personaje conocido en las altas esferas de la sociedad londinense.

Durante su estancia como diplomático en Londres, fue acusado por Anthony Greville-Bell, un mayor británico del Ejército del Aire de 38 años y héroe en la Segunda Guerra Mundial, de adulterio. Con tal motivo, el mayor presentó en los tribunales ingleses una demanda de adulterio contra su tercera mujer, Helen Scott-Duff (con quien había contraído matrimonio en 1955), y contra el propio Miguel Primo de Rivera, con quien le acusaba de mantener una relación extramatrimonial.

El diario 'The Times' informaba con fecha 24 de noviembre de 1958 sobre la sentencia. El magistrado de apelación David Jenkins declaraba en referencia al caso que “todas las pruebas llevaban a una alta probabilidad de que el adulterio hubiera existido”. Unas notas encontradas en la agenda de su amante, Helen Scott-Duff, confirmaban la relación adúltera que, según el juez, se dio repetidamente “cada vez que se presentaba la oportunidad”. La infidelidad fue durante semanas carne de cañón para los tabloides ingleses, que cargaron sin la menor compasión contra el duque Primo de Rivera y su amante. El affaire, lejos de amainar, traspasó las fronteras inglesas llegando a Australia, el país de origen del mayor Greville-Bell, el esposo engañado.

El escándalo, que podría servir en la actualidad de argumento para cualquier novela, acabó con la carrera diplomática del duque Primo de Rivera. Después de semanas de escarnio público y titulares, el asunto llegó a oídos de Franco, quien no tuvo más remedio que destituir a su adúltero embajador de modo fulminante. Su amante no corrió mejor suerte; el juez del caso concedió al mayor Greville-Bell la separación judicial de su infiel esposa imputando “los costes del proceso a ella basándose en el cargo de adulterio”.

Hoy, el ducado recupera el protagonismo por un motivo menos prosaico, pero en un momento histórico más convulso para las dignidades nobiliarias. La publicación en el BOE es un paso más de la familia Primo de Rivera, aunque no deberían cantar victoria. El Gobierno ya ha anunciado que piensa revisar con carácter retroactivo la concesión de los títulos franquistas para, llegado el caso, anularlos.