Imponen una fianza de 1,8 millones de euros a Ana Torroja

La ex componente de Mecano, que el 18 de junio se negó a prestar declaración en el juzgado de instrucción número 7 de de Palma, ha conocido hoy la sentencia a la que deberá hacer frente.

Según informa diariodemallorca.es, "el magistrado palmesano que instruye el 'caso Relámpago', una supuesta trama de fraude fiscal, estafas inmobiliarias y posible blanqueo de dinero, ha señalado una fianza de 1,8 millones de euros para Ana Torroja, de cara a cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias de los delitos fiscales que se le atribuyen".

Torroja está acusada de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública. La Agencia Tributaria en un informe asumido por la fiscalía anticorrupción le atribuye una cuota impagada de unos 430.000 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, y otra de 180.000 euros por el ejercicio de 2007.

El citado medio informa de que "el juez de instrucción 7 ha decidido, para tratar de garantizar el pago de esas posibles multas y otras consecuencias económicas de una posible condena de la famosa artista, abrir una pieza de reponsabilidad pecuniaria contra Ana Torroja y otra contra su antiguo abogado mallorquín, Gabriel Feliu, uno de los socios principales del bufete que lleva su apellido. El magistrado ha señalado la cifra de 1,8 millones de euros para Torroja y otra cantidad similar para Feliu". Según diariodemallorca.es, de momento, el juzgado de instrucción 7 no ha emplazado a ninguno de los dos imputados a depositar la fianza para responsabilidades pecuniarias.

Torroja, defendida por Ildelfonso González-Grano de Oro, ha presentado un recurso pidiendo la nulidad de todo el sumario del 'caso Relámpago', al entender que se produjeron vulneraciones de derechos constitucionales en los primeros pasos de las pesquisas judiciales. El abogado de la artista mantiene que la pista contra su cliente salió de un registro en el bufete Feliu que no valdría como prueba, dado que, y entre otras cuestiones, no se recogió con precisión el nombre de todos los funcionarios actuantes y no se hizo el allanamiento de un tirón. El juez ha rechazado estos argumentos en un auto y ahora tendrá que pronunciarse sobre un recurso de reforma contra dicha resolución.

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