Marina Isla de Valdecañas, el paraíso extremeño de los vips, a punto de demolición

El último paraíso de los vips patrios podría tener sus días contados. Después de años de batalla iniciada en 2005 entre los ecologistas y la Junta de Extremadura -que en este caso hace causa común con la promotora-, Marina Isla de Valdecañas podría convertirse en pasto de las excavadoras si se cumplen las peores previsiones. La exclusiva isla privada (con una extensión de 133 hectáreas y rodeada por el pantano de Valdecañas) que en su día comercializaron Beltrán Gómez-Acebo y Jaime López-Ibor está pendiente del dictamen del CSIC, que se publicará en junio.

El informe ambiental elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene que valorar las consecuencias de la construcción del macrocomplejo en un paraje protegido. El dictamen se espera con impaciencia, después de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal Marina Isla de Valdecañas, la llamada Marbella extremeña, situada entre los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, en el corazón del pantano del que toma el nombre.

Aznar, Gómez-Acebo, Carlos Baute...

Sus moradores son en su mayoría familias conocidas, con apellidos como Aznar, Gómez-Acebo (arriba, una imagen del Instagram de Andrea Pascual, la esposa de Beltrán Gómez-Acebo, en la isla), López-Ibor, Vega-Penichet​, aunque también los hay de la farándula, como el cantante Carlos Baute. Hay otros propietarios con apellidos menos conocidos pero puestos privilegiados en consejos de administración, bufetes, empresas y entidades como el Banco Santander, Banca Rothschild, Telefónica, Bank of América o Credit Suisse.

A priori y dada la cercanía con la capital, era el mejor lugar para desconectar el fin de semana y un privilegiado lugar de descanso en vacaciones. Casi despoblado entre semana, salvo por los huéspedes que se alojan en el hotel de la cadena Vincci, el complejo cobra vida durante los fines de semana. El campo de golf que acoge el recinto al que se accede desde el hotel es ahora el principal reclamo. El resto del complejo está deteriorado y presenta una situación de semiabandono. La playa artificial, rellena en otros tiempos con agua de mar, está seca y los accesos a la zona y los monstruosos esqueletos de hormigón que adornan uno de sus márgenes ofrecen al visitante un aspecto desolador.

Todo pende de un hilo y quienes forman parte del complejo lo saben. Incluso el floreciente negocio del hotel 4 estrellas y su intención de ampliar el complejo con la construcción de un spa está parado. Quienes viven el día a día de la urbanización no lo ocultan: “Todo el jaleo de denuncias y el riesgo de demolición se ha notado mucho últimamente. El ambiente ha decaído bastante y la gente está a la espera de ver qué ocurre finalmente”, comenta una persona del hotel.

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50.000 euros

Situada en una isla en medio del pantano de Valdecañas, su mejor valor fue estar a tan solo 164 kilómetros de Madrid. “Dos hoteles, 300 villas, apartamentos, un campo de golf, un complejo deportivo con espacio para 76 atraques, zona de piscinas y playa artificial” eran algunos de los reclamos para atraer a los compradores allá por 2005, cuando comenzó a construirse.

El precio no era baladí. Los inversores tuvieron que desembolsar 550.000 euros de media para hacerse con un pedacito de paraíso a poco más de una hora de coche desde Madrid. Entre los compradores no faltaron apellidos ilustres, atraídos también por los ilustres vendedores. Beltrán Gómez-Acebo, hijo de doña Pilar de Borbón y sobrino del Rey emérito don Juan Carlos, y Jaime López-Ibor Alcocer, nieto del prestigioso psiquiatra Juan José López-Ibor y sobrino del empresario Alberto Alcocer​, se encargaron de comercializar entre las familias de postín el complejo a través de la sociedad Vertical Real State.

Todo ello, ajenos a la denuncia puesta en marcha por Ecologistas en Acción por construir el megacomplejo en la Isla de Valdecañas, considerada como espacio protegido. La base legal que sustanciaba la denuncia era clara. El suelo sobre el que José María Gea (constructor en los 90 del complejo onubense de Islantilla), a través de su empresa Marina Isla Valdecañas SL, edificó estaba integrado en la Red Natura 2000, lo que legalmente impedía su urbanización.

Fue la Junta de Extremadura, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el Gobierno, quien aprobó la elitista urbanización quitándole el título de Zona de Especial Protección. El Tribunal Superior de Justicia extremeño resolvió, tras seis años del inicio de la construcción, dando la razón a los ecologistas. El 24 de marzo de 2011, días después de darse a conocer la sentencia y en un intento por dar carta de naturaleza al complejo, la Junta de Extremadura modificó el artículo 11 de la Ley del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios protegidos, incluso de forma retroactiva. Con ello, la Junta de Extremadura ponía un parche paralizando momentáneamente el proceso mientras recurría la decisión del derribo al Supremo. Sin embargo, cuatro años después, el Tribunal Supremo ratificó la primera sentencia y obligó a su demolición.

Concurso de acreedores

El asunto no era menor, en juego estaban los 34 millones de euros que supondrían para la Junta derruir el complejo y devolverlo a su estado inicial. Por ello y a petición de esta, se instó al tribunal extremeño a pedir una evaluación pericial independiente antes de la ejecución del derribo. El TSJ de Extremadura aceptó la petición y encargó a la Estación Biológica de Doñana un informe ambiental que será clave para determinar cuál será el futuro del refugio de lujo. Se trata de averiguar qué es mejor ahora para el ecosistema de la zona: dejar el complejo tal cual, o derribarlo haciendo cumplir la ley y convertirlo en una enorme escombrera que pudiera perjudicar más aún el actual hábitat protegido.

Mientras se espera la decisión judicial, las empresas Marina Isla de Valdecañas SL y la Atalaya de Valdecañas han entrado en concurso de acreedores. Y en las páginas especializadas en venta de inmuebles se acumulan uno tras otro los inmuebles en régimen de venta y alquiler en la Isla de Valdecañas. Los precios desde luego no son lo que era hace años.

Se pueden encontrar chalets de 300 metros cuadrados con cocina equipada, jardín y piscina privada y garaje por 400.000 €. El anuncio obvia, eso sí, que la venta obliga al vendedor a incluir una cláusula en el contrato que en su momento consiguió uno de los compradores que se sintió estafado. Esta liga la validez de la compraventa a lo que ocurra finalmente con la batalla judicial en curso. Hoy por hoy la Marbella extremeña es una incógnita. En junio y tras el informe de CSIC se sabrá si la Isla de Valdecañas sigue siendo un paraíso habitable o no.