¿Dónde está la herencia de Ruiz-Mateos? Los hijos no saben, no contestan

Cuatro años después de su muerte, la herencia que el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos quiso repartir a partes iguales entre sus trece hijos está en un limbo del que sus seis vástagos varones -condenados por estafa- no parece que quieran hacerla bajar.

Los seis aceptaron hace año y medio abrir el testamento “a beneficio de inventario”, como también había hecho su hermana Begoña Ruiz-Mateos en octubre de 2015, aunque ellos sin aportar un solo documento a la hora de formar el inventario. El patriarca, dan a entender ellos, murió sin tener nada.

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Pero la situación es, cuando menos, curiosa. Y quizá gravosa, para los miles de inversores y sus familias afectados por el desfalco de Nueva Rumasa que esperan el juicio donde la Fiscalía pide 16 años de cárcel para los seis hermanos, entre otras decenas de causas pendientes, y gravosa sin duda para las arcas públicas. Porque mientras todo eso ocurre, siguen cerrándose operaciones lejos de la notaría que debe repartir la herencia y de los tribunales que deben juzgar la presunta y múltiple estafa.

El último ejemplo, la compra de la casa embargada a José María Ruiz-Mateos Rivero, el segundo de los varones, por parte de una sociedad de uno de sus cuñados. No es la primera vez que los hijos de Ruiz-Mateos pierden empresas o activos que acaban en manos de un familiar político: pasó con unas bodegas valoradas en más de dos millones de euros y ha vuelto a pasar ahora con la mansión de José María y Cristina Figueroa, valorada en 1,6 millones de euros y por la que el cuñado, Joaquín Bohórquez, ofreció 860.000 euros en subasta pública.

Así que es legítimo preguntarse si el dinero, más que evaporarse, no estará dando tumbos desde que el que está en la tumba dejó la dirección de las empresas. Hemos llamado a Bohórquez para preguntarle por la compra de la casa embargada a su cuñado: "Ahora, después de sacar la noticia, lo siento mucho pero no voy a explicar nada".

Bohórquez, hijo de marquesa y sobrino de rejoneador, no pujó como persona física, sino como representante jurídico de Tapatana Asesores, SL, de la que es único socio y administrador. Y queríamos preguntarle por el origen de los fondos, si es que quería explicarlo. Porque no parece que los ochocientos mil euros de la puja -la mitad del precio de salida- hayan salido de la actividad de la empresa. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, de 2017, y consultadas por Vanitatis, declaró unas ventas redondas como un donut: cero euros, exactamente. Y un patrimonio neto en números rojos de casi 75.000 euros.

Después de comprobar el estado de las cuentas, hemos vuelto a llamarlo. Dos veces. No ha descolgado.

Como todo el patrimonio de los Ruiz-Mateos, antes de ser de algún hijo, la casa subastada el pasado 8 de abril fue también propiedad del padre, fallecido en 2015, la madre, Teresa Rivero (84 años), o de alguna de sus empresas. En concreto, la mansión de José María Ruiz-Mateos y Cristina Figueroa la compró la empresa Dhul, fabricante de los populares flanes y una de la patas del imperio familiar, en 2001. Un año después, pasó a ser de Caserna Peninsular, la sociedad del matrimonio Ruiz-Mateos Figueroa, cuyas deudas han conducido ahora al embargo.

La puja por la casa tiene otro matiz interesante. La mujer de Bohórquez, Patricia Ruiz-Mateos Rivero, es una de las seis hijas que renunciaron a la herencia de su padre. Lo hicieron poco después de que Begoña (la única que, como los varones, la aceptó a beneficio de inventario) abriera el testamento en otoño de 2015. A beneficio de inventario implica que se recibiría solo aquello que le correspondiera después de haber pagado deudas y cualquier otra carga que pesara sobre los bienes del difunto. Pero para ello han de identificarse primero dichos bienes. Y solo Begoña colabora, según fuentes conocedoras de la situación.

Begoña, la única que no es miembro del Opus Dei, como sus seis hermanas (la primogénita, Socorro, falleció hace dos años), ni legionaria de Cristo, como sus seis hermanos, es también la única enfrentada a sus hermanos en los tribunales. Ella, como sus seis hermanas, renunció a todos los cargos en las empresas a cambio de una compensación económica que, tras la 'evaporación' de los activos de Nueva Rumasa, nunca llegó. Pero solo ella, y su marido, Antonio Biondini, ha colaborado con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que tiene que juzgar todavía la Audiencia Nacional.

Biondini, de hecho, declaró durante la instrucción, el 22 de abril de 2014, y detalló cómo los hermanos de su mujer estaban recomprando a través de testaferros las empresas supuestamente arruinadas. El juez le pidió toda la documentación que pudiera aportar para sostener sus palabras y el 1 de septiembre presentó un detallado escrito, adjuntándola.

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Los Ruiz-Mateos, inmersos en decenas de causas judiciales por supuestamente haberse quedado con el dinero de inversores, acreedores y proveedores, seguían operando desde una nueva Rumasa 3: diez emisoras de radio, 14 restaurantes y varias bodegas estaban de nuevo, a través de personas interpuestas, en manos de los varones de la familia.

“Mis seis cuñados siguen manejando importantes cantidades de dinero en efectivo fruto del saqueo de las compañías de Nueva Rumasa y del dinero invertido en pagarés por más de 5.000 ahorradores”, concluía Biondini en su escrito. Las bodegas Nubori, por ejemplo, acabaron, después de un concurso de acreedores, en manos del suegro y los cuñados de Javier Ruiz-Mateos Rivero. Ahora ha sido una casa embargada la que ha seguido el mismo camino.