Tenemos el auto del juez contra Arantxa S. Vicario y Pepe Santacana: esto es lo que dice

Parece que no se avecinan mejoras en los difíciles tiempos que vive Arantxa Sánchez Vicario y su todavía marido, Josep Santacana. El juez que instruye el caso de la querella criminal presentada por el Banco de Luxemburgo contra la extenista y su pareja ve "indicios serios de criminalidad" en la actuación de ambos.

Es uno de los puntos que destacan de la resolución judicial publicada la semana pasada, a la que ha tenido acceso Vanitatis. Aquí les contamos lo que dice la jueza.

“De lo avanzado de la instrucción”, escribe la responsable del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, “debe concluirse que ciertamente se aprecian ya indicios serios de criminalidad en los investigados en relación con los hechos puestos de manifiesto en la inicial querella y ampliación de la misma”.

Con todo, la juez no considera que los acusados deban ingresar en prisión de forma preventiva. Una de las claves, como adelantó este medio la semana pasada, es que el tribunal considera que "no se aprecia riesgo de fuga, toda vez que los investigados se hallan personados en autos, siendo que el hecho de que residen fuera de España no debe presuponer que no acudan al llamamiento judicial cuando sean requeridos".

Las condiciones del juez

Tampoco ve la juez posibilidad de "que los investigados puedan destruir pruebas", ni "existe riesgo de que los investigados actúen contra bienes jurídicos de la víctima". Se deniega entonces la prisión provisional cautelar, pero se pone un plazo de cinco días a los investigados para que “justifiquen y documenten el lugar en el que residen en la actualidad y comuniquen en lo sucesivo de forma inmediata cualquier cambio de domicilio que se pudiera producir”.

El caso podría alargarse y no pinta bien para el exmatrimonio. Lo declara a Vanitatis un experto jurista muy cercano al caso: "Las evidencias son incontestables". Esto indica que parece que todo discurrirá de manera desfavorable a Arantxa y Pep.

Un caso complejo que adelantó este medio

Se trata de un caso complejo, que comenzó con el declive económico de la extenista. Lo adelantó en exclusiva Vanitatis hace casi un año. Arantxa había acumulado una deuda de 5,2 millones de euros con Hacienda por el impago de impuestos durante los años 1989 y 1993. Había declarado su residencia en Andorra y un juzgado decidió que no era cierto, por lo que debía abonar los impuestos impagados.

Para hacer frente a esa deuda con Hacienda, pidió un aval al Banco Sabadell; un aval que fue contraavalado por un dinero que tenía depositado en el Banco de Luxemburgo.

Por este motivo, la entidad bancaria la acusa de un delito de alzamiento de bienes, porque la extenista vendió sus propiedades, según el banco, que considera que se deshizo de sus inmuebles y no saldó la deuda que contrajo con ellos hace años. Un delito al que, por el momento, la juez da credibilidad.