¿Tráfico de influencias? La grave polémica que persigue a Máxima de Holanda (y su respuesta)
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DICTADURA DE VIDELA

¿Tráfico de influencias? La grave polémica que persigue a Máxima de Holanda (y su respuesta)

De nuevo la alargada sombra de la dictadura de Videla persigue a la reina, esta vez por supuestamente intentar ayudar a un expiloto investigado por los vuelos de la muerte'

Foto: La reina Máxima de Holanda, en una imagen de archivo. (EFE)
La reina Máxima de Holanda, en una imagen de archivo. (EFE)

Parece que las circunstancias no quieren que Máxima de Holanda tenga un mínimo periodo de tranquilidad. Tras las numerosas críticas que recibían los reyes en los últimos meses por sus actuaciones reprobables en plena pandemia, ahora tenemos que hablar de un asunto mucho más espinoso que va más allá de sus inadecuados gastos o viajes. La argentina vuelve a estar en el punto de mira, esta vez por la extradición, enjuiciamiento y absolución de Julio Poch, un expiloto de la armada argentina investigado por su participación en los llamados 'vuelos de la muerte', que tuvieron lugar durante la dictadura de Videla. Y la grave polémica viene por una supuesta llamada que en nombre de la propia Máxima hizo un trabajador de la Casa Real para intentar influir en el proceso.

Julio Poch estuvo durante muchos años viviendo en los Países Bajos, operando para la compañía de vuelos regulares Transavia. En 2006 se iniciaba la investigación de su posible vinculación con los crímenes de la dictadura, con testimonios de compañeros que aseguraban que "alardeaba" de haber participado en los vuelos de la muerte. Es entonces cuando se hace cargo de su búsqueda y detención la Eurojust, una agencia europea que facilita la colaboración entre países en este tipo de casos. En 2008, Argentina solicita su extradición y es detenido en 2009 en Valencia, para ser llevado a su país natal en 2010, de cara a ser juzgado. Se abrió entonces un largo proceso judicial que tuvo como resultado su entrada en prisión, hasta que en 2017 fue declarado inocente.

placeholder Julio Poch, en 2017 tras ser declarado inocente. (EFE)
Julio Poch, en 2017 tras ser declarado inocente. (EFE)

Pero, resultado judicial aparte, el Gobierno de Holanda fue acusado de algunas irregularidades en el proceso de detención y extradición, por lo que se encargó una investigación independiente, de la que se han sabido los resultados este lunes. Entre otras muchas cuestiones, en el informe se profundiza en la supuesta implicación de Máxima. Según explicó al comité investigador Roelof Jan Mansholt, entonces vicepresidente de Eurojust, recibió una llamada telefónica en 2007 de un empleado del círculo de la familia real, que le preguntaba si "el caso contra ese piloto argentino era necesario", añadiendo que si era procesado "podría ser doloroso para Máxima". Mansholt respondió entonces que el caso era "mucho más doloroso para las víctimas arrojadas desde el avión y los familiares", y pidió una solicitud por escrito que nunca llegó.

A esta llamada hay que sumarle, según lo que refleja la investigación, retrasos injustificados en el proceso de extradición, aplazamientos de las decisiones necesarias para llevar a cabo la detención de Poch o la declaración de un fiscal que aseguraba estar "chocando constantemente contra una pared", sin poder avanzar en el proceso. A diferencia de la llamada que hemos contado, estas dificultades no se relacionaron con la Casa Real de forma oficial, aunque sí de forma subyacente por la vinculación que el padre de Máxima de Holanda tuvo con la dictadura de Videla, durante la que fue ministro de Agricultura y por la que se le impidió asistir a su boda con el entonces príncipe Guillermo, de la que precisamente este martes se cumplen 19 años.

placeholder Jorge Zorreguieta, en el bautizo de Amalia. (Reuters)
Jorge Zorreguieta, en el bautizo de Amalia. (Reuters)

Pues bien, tras publicarse la investigación del comité, el RVD -el órgano que regula la relación de la Casa Real con los medios- ya ha emitido una respuesta oficial. Por un lado, dice que no se ha confirmado que la llamada proviniera de la propia Casa Real, como así asegura el exvicepresidente de la Eurojust, pero que aunque así fuera, no ha tenido consecuencias. Por otro, afirma que se intentaron hacer averiguaciones sobre la llamada telefónica, sin que se haya encontrado ninguna prueba en bases de datos, notas de entrevistas o agendas de ese periodo.

Una respuesta más que tibia que ya ha generado debate. Mientras el ministro de Justicia cree que se puede dar por zanjada la cuestión y que no ha habido ninguna implicación de la Casa Real, otra parte del Parlamento exige explicaciones al Gobierno y quiere que sea una cuestión que esté encima de la mesa para plantearle al primer ministro en funciones, Mark Rutte. Así que el asunto, además de bastante controvertido, va a dar aún mucho que hablar.

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