El príncipe Pablo de Rumanía, detenido en París tras años evadiendo a la justicia

París ha sido el escenario de la última detención que sacude a una de las figuras más polémicas vinculadas a la antigua monarquía rumana abolida en 1947.
Pablo-Philippe de Rumanía, más conocido como Paul Lambrino, ha sido arrestado en la capital francesa en virtud de una orden de detención europea emitida por las autoridades judiciales de su país de origen.

El aristócrata, que se encontraba en paradero desconocido desde su condena en 2020, enfrenta una sentencia de más de tres años de prisión por delitos relacionados con corrupción y apropiación indebida de bienes del Estado.

Su captura se produjo en su residencia parisina, donde fue presentado ante un juez del Tribunal de Apelación, a la espera de una decisión sobre su posible extradición a Rumanía.

La justicia francesa deberá ahora determinar si entrega al príncipe a las autoridades de Bucarest, donde fue condenado por su implicación en una red delictiva activa entre 2006 y 2013. Según las investigaciones, Pablo de Rumanía habría colaborado con estafadores en un intento de recuperar diversas propiedades y obras de arte que considera parte de su legado como presunto heredero al trono.

Entre los bienes en disputa figuran extensos terrenos forestales y la antigua granja real de Baneasa, en las afueras de la capital rumana. El perjuicio económico para el Estado asciende, según la fiscalía, a unos 145 millones de euros. En total, 18 personas han sido ya condenadas por este caso, entre las que se encuentra el influyente empresario Remus Truică.

Su abogada, Miriame Laïchi, sostiene que el Estado rumano ha emprendido una persecución judicial en su contra. La letrada argumenta que tanto tribunales franceses como malteses se han pronunciado previamente en contra de la extradición, citando riesgos para los derechos fundamentales del acusado.

No es la primera vez que Pablo de Rumanía es detenido en el extranjero, de hecho, en 2024, fue arrestado brevemente en Malta durante un acto protocolario, pero el tribunal local denegó su entrega a Rumanía por considerar que no se daban las garantías necesarias para un proceso justo.