El movimiento de Alberto II que ha sacudido Mónaco: el veto al aborto que recuerda al histórico caso de Balduino de Bélgica

En Mónaco, las reformas legislativas suelen avanzar con discreción. Sin embargo, esta vez no ha sido así. La propuesta para legalizar el aborto hasta la semana 12 -la 16 en casos de violación- recibió un apoyo amplio en el Consejo Nacional: 19 votos a favor y dos en contra. Además, el texto incluía un cambio relevante sobre la edad mínima para consentir el procedimiento. Así, esta pasaba de los 18 a los 15 años. Todo esto hacía pensar que la expectativa era clara: el Principado se estaba preparando para un cambio inédito en décadas y que probaría que se adaptan, a la perfección, a los avances sociales.

No obstante, el intento ha sido en vano puesto que la tramitación se ha detenido en el último paso. El marido de Charlène de Mónaco comunicó que no sancionaría la ley. Y esto lo cambia todo. Su decisión, que ha sido notificada al Consejo Nacional mediante el Ministro de Estado, impide la promulgación del texto. Cabe apuntar que en Mónaco, la firma del soberano no es un mero trámite ceremonial, es un requisito constitucional. Además, en el mensaje emitido desde Palacio se puede ver una línea argumental concreta. El jefe de Estado señala en una entrevista con 'Monaco-Matin' que el marco legal actual es coherente con la identidad histórica del Principado.

El contexto ayuda a entender el alcance del gesto. En la actualidad, el aborto en Mónaco solo está permitido en tres supuestos: violación, riesgo grave para la vida de la madre o una malformación fetal severa. Y pese a que la reforma hubiera alineado al Principado con sus vecinos europeos, se ha optado por mantener intacto un modelo que, según fuentes locales, se considera estable desde la última modificación. Por su parte, el Ejecutivo ha anunciado, tras hacerse público el veto, nuevas medidas sociales dirigidas a la protección de las mujeres. Eso sí, sin alterar el marco legal.

En lo que concierne al ámbito político, la decisión de Alberto II ha devuelto al primer plano una característica poco visible dentro del sistema monegasco: la dualidad institucional que existe entre un Parlamento elegido y un soberano con prerrogativas ejecutivas. Aunque la intervención directa del jefe de Estado es inusual, sí está prevista en la Constitución. Es más, la situación ha sido analizada en algunos medios regionales como un recordatorio del funcionamiento interno del Principado, que está más cerca a un modelo híbrido que a una monarquía parlamentaria convencional en el entorno europeo.

La reacción ciudadana ha sido diversa. Los sectores vinculados a la tradición religiosa han valorado la continuidad legislativa. Sin embargo, otras voces han hecho hincapié en el contraste que hay entre el amplio apoyo parlamentario y el desenlace. Eso sí, el debate ha circulado más por conversación social que por movilización pública. Además, el punto práctico más comentado es el mismo de los últimos años: numerosas mujeres recurren a centros franceses, situados a pocos kilómetros del Principado, cuando desean interrumpir, de manera voluntaria, un embarazo fuera de los supuestos legales.

Fuera de Mónaco, el episodio ha traído a la memoria un precedente europeo: Balduino de Bélgica en 1990. El soberano comunicó que no podía sancionar la ley que despenalizaba el aborto por convicciones personales -tampoco podía negarse a firmarla-. Y esto motivó que el gobierno aplicase un mecanismo constitucional excepcional: lo declaró "incapaz de reinar" durante unas horas, firmó la norma y restituyó al monarca al día siguiente. La comparación de ambos casos es inevitable, aunque ambos marcos legales y las dos formas de resolver la situación institucional han sido totalmente diferentes.

Sea como fuere, en el Principado el resultado es claro: la ley no se promulga y el marco de 2019 sigue en vigor. Aunque el episodio deja un punto relevante para el análisis político: en un estado de 40.000 habitantes, con instituciones muy propias, las decisiones del soberano siguen teniendo un peso determinante en el proceso legislativo. Y en esta ocasión, este ha marcado el rumbo final de una reforma que, pese a su mayoría parlamentaria, no seguirá adelante.