Un año de la exhumación de Franco: una herida jurídica que podría reabrirse
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Un año de la exhumación de Franco: una herida jurídica que podría reabrirse

La familia no ha dado la batalla legal por perdida. Sigue esperando a que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie sobre el recurso que pusieron. No es su único frente legal

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Un año de la exhumación de Franco: una herida jurídica que podría reabrirse

Parece que hiciera un siglo de casi todo. El coronavirus ha impuesto su ley, pero hubo un tiempo, no tan lejano, en el que el tema de conversación más habitual era la salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Desde que el Gobierno anunció su decisión, la hizo posible y la llevó a cabo, hubo meses de controversia sobre qué se debía hacer con los restos del dictador muerto. Cuando aquel helicóptero sobrevoló Madrid para llevar el ataúd de Franco al cementerio de Mingorrubio, muchos pensaron que era un capítulo cerrado. Pero la herida jurídica podría reabrirse en cualquier momento, porque la familia recurrió a Estrasburgo y este tribunal aún no se ha pronunciado. También presentaron un recurso de apelación la semana pasada contra la sentencia que ordenaba la devolución del pazo de Meirás al Estado.

"Estamos pendientes de la admisión a trámite del recurso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva un retraso enorme este año por haber estado cuatro meses cerrado. No sabemos decir cuándo se producirá dicha resolución", explica Luis Felipe Utrera-Molina. Fue a principios de marzo, justo al comienzo de la pandemia, cuando los nietos de Franco presentaron ante el TDEH un recurso contra el Estado español por la exhumación de su abuelo.

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Los familiares de Franco entendían que los acuerdos del Consejo de Ministros de febrero y marzo de 2019 que aprobaron la exhumación de la basílica del Valle de los Caídos, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, y la inhumación en el cementerio de El Pardo y las resoluciones de los tribunales Supremo y Constitucional que los confirmaron vulneraron el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La familia alegaba en ese recurso que se vulneró el Convenio en lo que concierne al derecho a la vida privada y familiar, la prohibición de discriminación y el derecho a un proceso equitativo. Estiman que la exhumación de los restos mortales del dictador Franco se basó en una ley que no cumple los requisitos de generalidad y claridad exigidos por dicho convenio europeo: "Bajo la apariencia de una legislación general e imparcial, el real decreto de reforma de la Ley de Memoria Histórica no tenía otro objetivo que el de proceder exclusivamente a la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco".

El cementerio de Mingorrubio, donde ahora se encuentran los restos del dictador. (EFE)
El cementerio de Mingorrubio, donde ahora se encuentran los restos del dictador. (EFE)

El escrito argumentaba que ese real decreto no respondía a ninguno de los motivos recogidos en el convenio europeo que pueden justificar una limitación del derecho a la vida privada y familiar (a saber: seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico del país, la defensa del orden y prevención de infracciones penales, la protección de la salud o de la moral y la de los derechos y libertades de los demás).

"De todos los inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a resultas de la guerra civil, cuyo número asciende a 192, solo se ha producido la exhumación de Francisco Franco sin que a la luz de las declaraciones públicas de los miembros del Gobierno la ley vaya a tener otra aplicación", escribían. Para la familia, "el Consejo de Ministros ha expropiado de hecho el cadáver de Francisco Franco" al vulnerar el derecho de las personas a decidir sobre el destino de los restos mortales de sus familiares.

Según su versión, los familiares de Franco se ven obligados a solicitar autorización del Gobierno cada vez que quieren visitar la tumba de sus abuelos

La familia se quejaba además de que el Gobierno ignorara "la designación por los familiares del lugar de reinhumación de los restos mortales de Franco" y fijara "arbitrariamente" un lugar de titularidad estatal "contra la expresa voluntad de la familia". Según su versión, los familiares de Francisco Franco se ven obligados a solicitar autorización del Gobierno cada vez que quieren visitar la tumba de sus abuelos.

Contra la tele y contra el Estado

Este de Estrasburgo no es el único frente legal que tiene la familia. Los Franco además han abierto un proceso judicial tanto por vía penal como por vía civil contra Mediaset por un programa en el que se abordaba la figura del dictador. Este próximo lunes, según 'El Confidencial Digital', tienen la audiencia previa.

Además, los Franco anunciaron su intención de recurrir la sentencia del pasado mes de septiembre que ordenaba la devolución del pazo de Meirás al Estado. En declaraciones a Europa Press, Utrera-Molina destacó que se iban a tomar un tiempo en analizar la sentencia desde el punto de vista jurídico para elaborar el recurso: "Es una sentencia que, sin perjuicio a analizarla más profundamente, vamos a recurrir y evidentemente confiamos en que las estancias superiores resuelvan en derecho porque sinceramente estoy muy decepcionado porque confiaba en una sentencia jurídicamente aceptable, pero no ha sido así".

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Ha pasado un mes y medio desde que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña dictara esa sentencia y la familia ya ha reaccionado. Según confirma el abogado Utrera-Molina, presentaron un recurso de apelación la semana pasada que el juzgado ya ha admitido a trámite.

En un escrito de 140 páginas, el despacho de abogados de Luis Utrera-Molina cargaba contra la sentencia y la tachaba de "notoriamente parcial, sesgada y tendenciosa". Los Franco acusan a la magistrada de ignorar sus alegatos y cargar las tintas con hechos históricos no probados. En estos días, las partes deberán presentar un escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la sentencia.

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