La decisión del rey Juan Carlos, un 'autoexilio' forzado

Lo peor del autoexilio del rey Juan Carlos es que no ha sido tal. La histórica y abrupta salida de España del ‘rey de la democracia’, reducido en este aparente final de régimen a una suerte de ‘Rey de la corrupción’, no es un acto de contrición institucional, ni siquiera una sideral bajada a los infiernos, sino un acto político y públicamente forzado por el Ejecutivo.

No hay dudas sobre la magnitud del escándalo social generado por el enriquecimiento personal del exjefe del Estado, ni sobre la enorme inconveniencia de su continuidad física en Zarzuela, si bien había margen para su ubicación dentro de las fronteras (Un ‘Yuste’ para el rey Juan Carlos). Tampoco hay dudas sobre el daño, posiblemente irreparable, que el padre del monarca ha causado al prestigio de la Corona, siendo ésta una condición básica de su función constitucional. El interrogante es por qué nadie hizo antes nada para evitar este desastre, que llega en el momento más vulnerable para la salud institucional de la España del 78.

Hace un año y medio que el rey Felipe tuvo conocimiento cierto del escándalo desatado hoy. Pero lo que es más importante, a efectos de responsabilidad institucional, hace el mismo tiempo que lo sabe el presidente del Gobierno, quien solo hace escasos días se rasgaba las vestiduras por las noticias “inquietantes” en torno al emérito, “que nos perturban a todos”. Ni entonces la Corona juzgó conveniente divulgar la razón del apartamiento definitivo del rey Juan Carlos, ni el Ejecutivo, que es quien refrenda, consideró necesario adelantarse a lo que, de manera inexorable, acabaría conociéndose en una sociedad transparente, democrática, mediática y con separación de poderes, como es la europea.

Adelantarse a las “noticias perturbadoras” habría sido el mejor cortafuegos para una institución ahora enfebrecida por la altísima temperatura del escándalo. La relevante renuncia a la herencia del padre quedó empequeñecida por la posterior y pública exigencia del Gobierno de izquierdas hacia Felipe VI de entregar más leña al fuego expiatorio. Y aún está por ver si el exilio del exjefe del Estado queda también aminorado por su eventual pérdida de su condición de rey; la última de las teas avivadas desde la cocina del propio Ejecutivo, a la que el rey Felipe se ha resistido y que el emérito no parece dispuesto a rendir, visto el repetido uso de la palabra ‘Majestad’ en el comunicado de ayer.

La responsabilidad del Ejecutivo no es exclusiva y alcanza a sus antecesores, que visto lo visto, tal vez miraron para otro lado, en la idea -como mínimo, errónea- de que con ello protegían a La Corona y al propio sistema político. El problema, de hecho, es de una complejísima envergadura: no faltan expertos en señalar que si la inviolabilidad del rey alcanza a los actos de su “vida privada” -como reza el comunicado- los Gobiernos deberían ser responsables de estos, al igual que de los actos públicos...

En todo caso, el vértigo institucional de la noticia de este lunes se midió por la reacción de los socios de coalición y de investidura del Gobierno socialista. Singularmente explícita, como siempre, la reacción del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien no solo emplazaba a “investigar las operaciones sospechosas del ciudadano Borbón”, sino también a “todos los responsables y cómplices”... Los republicanos no se daban siquiera por satisfechos con el exilio de don Juan Carlos, mientras la oposición -Partido Popular y Ciudadanos al menos- se enteraban, literalmente, por los periódicos. Y es que el denominado cortafuegos de Zarzuela tal vez se haya hecho demasiado tarde, demasiado cerca; y sobre todo, tal vez no es la persona del emérito sino el propio pacto constitucional el que se tambalea.