La última e inesperada visita en casa a Carmen Franco

El cartero del juzgado siempre llama dos veces, incluso en los momentos más inoportunos. Es lo que le sucedió a Carmen Franco, el pasado día 28 de diciembre, poco antes de morir. Calle Hermanos Bécquer, número 6, domicilio familiar de la familia Franco. Los hijos de Carmen y varios nietos, entre ellos Luis Alfonso, su ojito derecho, y Cynthia Rossi, su hermanastra, se congregan en la casa sabedores de que la matriarca del clan vive sus últimas horas de vida.

En ese contexto, llegó a la vivienda una carta del juzgado. Concretamente, del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, que ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela con fecha 27 de octubre de 2017. Pese a lo dramático de las circunstancias, se trata de una vieja querella del ayuntamiento contra los Franco, en este caso contra la titular de la familia, Carmen Franco Polo, duquesa de Franco y Grande de España, que agoniza en su habitación.

Se desconoce por el momento si alguien atiende en ese momento el requerimiento del cartero del juzgado y firma el recibí en su nombre. De ello dependería que estuviera en marcha un proceso que finalizaría el próximo día 25 de enero de 2018. La cuenta atrás no es otra que los 20 días reglamentarios contados a partir de ser admitida a trámite la demanda e informadas las partes, algo que tuvo lugar el pasado 28 de diciembre, tal y como confirman a Vanitatis fuentes judiciales de toda solvencia. Según un portavoz del ayuntamiento, la demanda responde a “la apropiación ilegítima e irregular de las dos esculturas del Pórtico de la Gloria” en poder de la familia desde los tiempos del dictador.

Dos joyas del Románico

La querella se remonta a unos meses atrás. La voz de alarma la da la asociación “La sonrisa de Daniel”, que pone en conocimiento del ayuntamiento de Santiago, la supuesta apropiación de la familia del dictador de las dos estatuas antropomorfas de granito, datadas en 1188-1211 y atribuidas al taller del Maestro Mateo, con unas medidas de 178x71x50 cm. y 170x6x46 cm., respectivamente.

Las estatuas de la discordia estaban originariamente situadas en el ingreso exterior de la fachada románica del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela y representan a Abraham e Isaac. Fueron retiradas de la Catedral durante las obras del siglo XVI, pasando a manos del Conde de Ximonde en el siglo XVIII. Éste se las vendió al Ayuntamiento de Santiago en 1948 por 60.000 pesetas, a través de un documento en el que se señalaba expresamente que las piezas no podían salir de Compostela, o el ayuntamiento tendría que pagarle al conde una multa de 400.000 pesetas.

Aquí llega el punto de la denuncia: a finales de los años 50 o principios de los 60 (una fecha difícil de concretar al no haber registro escrito), el alcalde de Santiago en aquella época, Enrique Otero, cedió al capricho de la mujer del dictador, Carmen Polo, regalándole las esculturas tras mostrar ésta su interés por ellas. Según el consistorio, el alcalde cedió a la presión “bien por desconocer las condiciones de la venta o por su deseo de contentar al dictador por encima de cualquier cláusula”.

En su poder 60 años

Desde entonces, las dos esculturas del Maestro Mateo han permanecido en manos de la familia Franco, primero en el Pazo de Meirás, y luego en la Casa Cornide de A Coruña. Y ahí reside el “qui” de la cuestión. El concejo entiende que se trata de un expolio en toda regla del patrimonio artístico e histórico de la ciudad “ya que no existe documentación que acredite la donación a familia Franco ni consta que la familia de Ximonde cobrara la indemnización”.

Por ello, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en el pleno del pasado mes de septiembre, aprobó por unanimidad reclamar la devolución de ambas estatuas. El 27 de octubre se presentó ante los juzgados de Madrid, lugar donde residía Carmen Franco, la demanda civil. Previamente, el consistorio llevó a cabo un requerimiento a la familia para que devolviera las piezas al consistorio sin obtener respuesta alguna.

Así las cosas, el consistorio emprende acciones legales para restituir lo que consideran “patrimonio cultural artístico e histórico de la ciudad”. El recorrido judicial de la demanda y los plazos a cumplir dependen de que se consiguiera o no notificar la demanda. De ser así, y al tratarse de una demanda civil, la familia tendría 20 días hábiles para responder la reclamación. Según fuentes jurídicas, “a diferencia de los procedimientos penales, las demandas civiles no se extinguen con el fallecimiento del demandado”.

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Una herencia envenenada

Pese haberse producido el óbito de la titular de la familia y supuesta propietaria de los dos esculturas, la demanda recaería en los herederos de las mismas, una vez resuelto el cuaderno particional de la herencia. Falta por saber si la notificación se produjo o no. El plazo de 20 días sólo empezaría a contar en el caso de que se hubiese recibido la notificación de demanda antes de fallecer, si no el juzgado sería el encargado de decretar un nuevo plazo a los herederos. Sería para quien heredara las esculturas una herencia envenenada en toda regla: una joya románica de valor histórico y artístico incalculable y la demanda que lo acompaña.

En el consistorio aún se tiene la esperanza de que la sangre no llegue al río y que pese a los difíciles momentos que la familia atraviesa tras el fallecimiento de Carmen, atiendan a la reclamación y evitar un farragoso y lento proceso judicial. El Ayuntamiento ha hecho una labor de investigación importante para armar una demanda fundamentada. En su contra, prevén que la familia Franco contrarrestará su demanda a través del argumento de la usucapión, una figura jurídica que permite a los poseedores de un bien reclamarlo como propio, si, como es el caso, han pasado un gran número de años sin habérsele sido reclamado. El es caso de las dos estatuas.

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La complejidad del caso es tal que desde el consistorio tienden puentes de entendimiento con la familia. Tanto que se les ha ofrecido la posibilidad de que la devolución se hiciera en forma de donación a la ciudad, evitando así el reguero de críticas en una ciudad donde los privilegios de la familia Franco durante años siguen levantando ampollas. A falta de saber qué ocurrirá, la pelota está ahora en el tejado del Pazo de Meirás.