La madre de las Cereceda toma partido en la guerra: se querella contra su hija Susana

Mercedes López Gutiérrez, la primera mujer del empresario inmobiliario Luis García Cereceda, que en su día fue uno de los setenta hombres más ricos del mundo, ha tomado partido en la guerra que sus dos hijas libran desde la muerte del padre, querellándose contra la mayor, Susana García-Cereceda López. La madre, que se divorció del promotor de la lujosa urbanización La Finca a finales de los noventa, busca reequilibrar el reparto de la multimillonaria herencia de García Cereceda, fallecido en junio de 2010.

La querella, promovida por la hija pequeña, Yolanda (Madrid, 1971), acusa a su hermana de haberse apropiado de una finca que tenían a medias en Francia. Y de hacerlo mientras ella estuvo incapacitada por un juez, quien le impuso un tutor legal tras leer el informe de un médico forense. El tutor elegido fue Afal, una fundación hoy procesada y a la espera de juicio por, presuntamemte, expoliar a enfermos de alzheimer con grandes patrimonios. Mercedes López, que ya demandó y consiguió revocar la incapacitación de su hija pequeña, reclama ahora a la mayor los 200.000 euros que gastó en cuidar y atender a la incapacitada, sus tres niños y sus caballos mientras duró la inhabilitación. Las tres viven en la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón junto a futbolistas, políticos y grandes empresarios.

Forcejeo por la urna

La guerra empezó a fraguarse una década antes de la muerte de García Cereceda. Cuando éste se divorció de su primera mujer y se casó con Silvia Gómez Cuétara, heredera del imperio de las galletas, hubo una primera división. Susana tomó partido por su padre; y Yolanda, por su madre, según ella misma contó en una entrevista en Vanity Fair. Tras el fallecimiento, la división llegó a las esquelas: su viuda, Gómez Cuétara, publicó una en nombre de toda la familia; y Yolanda, otra en nombre de su madre, Mercedes López –“su única verdadera emperatriz”—, su hermana y ella. Sin embargo, la relación entre las hermanas se descomponía. En el funeral, al que asistieron el ex presidente del gobierno, Felipe González, y el ex alcalde Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, llegaron a forcejear por la urna funeraria.

El paso al frente de la madre es, según la querella, “el triste resultado de haber fracasado en numerosísimas ocasiones, mediante intentos de mantener conversaciones con Susana”, siempre en vano, “para que respetara la voluntad testamentaria de su padre respecto a su hermana Yolanda, que dispuso para ella similar participación hereditaria”. Similar no quiere decir que fueran idénticas, como la propia querella reconoce a renglón seguido. Un 1% más en las sociedades inclinaba la balanza del 50% a favor de Susana, otorgándole en la práctica la dirección empresarial.

No es la primera vez, sin embargo, que la madre apoya a Yolanda en un litigio contra su hermana. En la demanda por la división de Procisa, la joya de la corona del imperio inmobiliario, en tres sociedades, ejecutada también durante el periodo de incapacitación de Yolanda, la madre solicitó la suspensión cautelar de la operación. Un juez de lo mercantil, sin embargo, ha desestimado recientemente la demanda y condenado en costas a Yolanda, quien mantiene su derecho a la separación.

A diferencia de la escisión, donde la representación de Yolanda fue ejercitada por un ente público (la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos), asesorado por el despacho de abogados Cuatrecases, en el caso de esta última querella, Yolanda estuvo representada por la Fundación Afal, para cuyos directivos la fiscalía solicita quince años de cárcel. El juicio está pendiente de fecha todavía.

Puestos en contacto con el Grupo LaFinca, un portavoz oficial aclara a Vanitatis que "todas las operaciones mercantiles realizadas se ajustan escrupulosamente a la legislación". La abogada de Susana, Dolores Márquez de Prado, todavía no ha recibido la notificación de admisión de la querella, admitida a trámite el pasado 14 de agosto.

Francia y los caballos

Durante los cinco años en que Yolanda estuvo incapacitada, sus pérdidas en Cría Caballar, la sociedad dueña de la finca francesa, fueron millonarias, siempre según la querella presentada. En ese texto se cifra en más de nueve millones de euros el perjuicio sufrido desde la muerte del padre, el 7 de junio de 2010. En esos años, su madre ayudaba “en el pago de pensiones alimenticias, mantenimiento de su costosa cuadra de caballos, sus transportes, sus seguros médicos y sus permanentes atenciones a sus nietos”. La querella calcula el perjuicio causado a su madre en “más de doscientos mil euros de su patrimonio particular”.

Dos semanas antes del fallecimiento, las dos hijas poseían una participación idéntica en la sociedad Cría Caballar, creada y sostenida con generosas inyecciones de capital de otras empresas del padre, para que así ambas disfrutaran de su pasión hípica. La mercantil poseía una finca de 800 hectáreas en Brunete, donde Yolanda tenía sus caballos y que se vendió con el padre ya hospitalizado; y otra en Normandía, en el norte de Francia, de la que hoy solo disfruta Susana y su marido, el jinete francés Julien Epaillard. De hecho, Cría Caballar se llama ahora Hello Holdgins 31, como uno de los caballos de Susana, Hello Pierville.

Los vaivenes de Cría Caballar pueden rastrearse en el Registro Mercantil. En 2011 y 2013, mientras Yolanda García Cereceda estaba incapacitada, la compañía realizó dos operaciones de las denominadas “acordeón”. Una primera reducción a cero del capital, cuyas acciones se amortizaron para absorber las millonarias deudas acumuladas –en buena parte, mientras el propio García Cereceda vivió—y acto seguido se suscribía una ampliación de capital a la que el tutor de Yolanda, Javier Conde, para quien la fiscalía pide seis años de prisión como responsable de la Fundación Afal, renunció por dos veces a la ampliación.

Resultado: Cuando la justicia reconoció de nuevo a Yolanda sus plenas facultades legales en 2016, ésta había perdido su parte de la empresa.

El tío de Susana

Para esta segunda operación acordeón, realizada el 26 de noviembre de 2013, sólo Susana suscribió la ampliación de tres millones de euros. Según la querella, para ello se amparó “en un supuesto contrato de préstamo existente contra Procisa [la promotora de La Finca y la gran generadora de ingresos del emporio]” de seis años antes. El método es relevante porque recuerda al modo de actuar de Procisa y el resto de empresas de Luis García Cereceda, que usaban los préstamos entre empresas y empleados –préstamos que nunca se devolvían—para evitar pagar el impuesto de Sociedades y, sus directivos, el IRPF.

Dos de los también querellados, el tío de Susana, Eduardo García Cereceda, y otro de los socios del grupo de empresas, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez, ya fueron condenados en 2017 a 24 y 15 meses de prisión respectivamente, además de dos millones de euros de multa en total, por fingir ese tipo de préstamos, como adelantó El Confidencial. A ambos los defendió el ex magistrado, José Antonio Choclán, vecino de La Finca y actual abogado de Susana García Cereceda en la causa que investiga sus relaciones con el ex comisario encarcelado José Villarejo. Eduardo García, junto con otro de los abogados de cabecera de Cereceda, Diego Lozano, serán los primeros en declarar, el 19 de noviembre de 2019.