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María José Campanario se sienta en el banquillo

La Audiencia de Cádiz inicia el juicio contra una treintena de acusados de estafar a la Seguridad Social para obtener fraudulentamente una incapacidad laboral, entre ellos

Foto: María José Campanario se sienta en el banquillo
María José Campanario se sienta en el banquillo

La Audiencia de Cádiz inicia el juicio contra una treintena de acusados de estafar a la Seguridad Social para obtener fraudulentamente una incapacidad laboral, entre ellos María José Campanario, que se sentará en el banquillo bajo una petición del fiscal de cuatro años y medio de cárcel. La esposa de Jesulín de Ubrique ha llegado a los juzgados a las cuatro de la tarde para personarse ante el juez. 

Más de cuarenta medios de comunicación se han acreditado para informar sobre este macrojuicio que durará casi un mes. Por eso, la Audiencia Provincial de Cádiz ha acomodado sus instalaciones para acoger este proceso, que tiene previsto finalizar el 10 de junio, tras 18 sesiones y en el que, además de una treintena de acusados, hay una treintena de abogados, además de los miembros del tribunal.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal explica que Carlos Carretero, exjefe de la policía municipal de Ubrique (Cádiz) que en 2003 logró la incapacidad laboral permanente absoluta, ideó "un plan" para obtener dinero de personas a las que ofreció obtener de forma fraudulenta pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Para ello se puso de acuerdo con su amigo Francisco Casto Pérez, un inspector médico destinado en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta de Andalucía y que, por este cargo, tenía una situación "privilegiada" para controlar y tramitar altas y bajas en los expedientes de incapacidad laboral.

Como su zona de competencia eran las localidades de Cádiz, San Fernando y Puerto de Santa María, los interesados se empadronaban en viviendas de estas ciudades gaditanas a pesar de no residir en ellas y se pusieron de acuerdo con médicos también acusados en este proceso como Harold Escalante Martínez o Luis Carretero Cala.

Con este procedimiento obtuvieron la incapacidad laboral diversas personas y tramitaron las de otras que fueron descubiertas antes de que llegaran a cobrar.

La madre de Campanario pidió la invalidez

Es el caso de Remedios Torres Jiménez, la madre de María José Campanario, que ni trabajaba y tenía ya reconocida una minusvalía sin derecho a pensión. Según el fiscal, Campanario y su madre conocían a José Luis López, apodado El Turronero, un amigo de Carretero, y acordaron recurrir a él para obtener la incapacidad laboral de Remedios. Una ayuda que habían pedido de manera legal y que se le había denegado en 2003.

Siempre según el fiscal, Campanario entregó a Carretero 18.000 euros y éste, para dar apariencia de legalidad, dio de alta a su madre cuatro meses de 2005 en una empresa en la que "no desempeñó trabajo alguno".

En noviembre de ese año, el médico "confeccionó, sin siquiera reconocer a Remedios, que nunca estuvo en hospitales de la provincia de Cádiz, un informe simulando que la había atendido por una torcedura de tobillo" y, posteriormente, otros por esguince cervical y cervicobraquialgia por hernia discal.

Cuando el expediente pasó a la Delegación Provincial del INSS y Remedios fue citada para ser reconocida, la facultativa, tras explorarla, acordó la práctica de una prueba médica, por lo que ella, su hija y los cabecillas de la red, decidieron enviar a otra persona que tuviera una afección parecida y se hiciera pasar por la madre de Campanario, explica el fiscal.

La elegida fue la madre de la pareja de Carlos Carretero, que llegó a hacerse la prueba, aunque finalmente, tras descubrirse la trama, el INSS denegó a Remedios Torres el reconocimiento de cualquier incapacidad y no llegó a percibir ninguna prestación económica.

Ha rechazado pactar su condena

María José Campanario, que siempre ha mantenido que fue engañada y que ella es inocente, ha rechazado pactar su condena con el fiscal y aceptar su culpabilidad, a cambio de reducir su condena hasta dos años de prisión, con lo que conseguiría que se le conmutara el ingreso en la cárcel.

Ella, su madre y el inspector médico Francisco Casto, para quien el fiscal solicita diez años de prisión al igual que para Carretero, son de los pocos acusados que no han aceptado ese acuerdo, según fuentes jurídicas.

El juicio se ha iniciado con algunas cuestiones previas como las que plantearán los abogados que pedirán la nulidad de las escuchas telefónicas que destaparon casualmente el caso cuando un juzgado de Jerez de la Frontera investigaba un fraude de facturas.

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