canto del pico languidece en torrelodones, madrid
El palacio maldito de Franco, una patata caliente en manos de Patrimonio
Patrimonio ha dado un mes al dueño para que presente un proyecto de rehabilitación. Debe reponer, entre otras cosas, un copia de un claustro medieval. ¿Habrá sanción millonaria?
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Seguramente el dictador Francisco Franco nunca hubiera imaginado que uno de sus lugares preferidos de recreo, donde pasaba parte de sus vacaciones, se convertiría en un objeto de la discordia como es el caso. Hoy está abandonado y es una mezcla de mansión vampírica de Transilvania y la casa del mismísimo Norman Bates, adornado con arcos de crucería góticos. Todo a mil metros de altitud. El que fue lugar del descanso del dictador, que la usó de refugio cuando temía que un atentado acabara con su vida, se encuentra en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, casualmente a escasos 10 minutos en coche del famoso chalet de los políticos Pablo Iglesias e Irene Montero.
Desde hace unos años, el Palacio del Canto del Pico, en la localidad madrileña de Torrelodones, se ha convertido, sin embargo, en todo menos un apacible remanso de tranquilidad, como cabría pensar. El inmueble donde jugueteaba de niña Carmen Martínez-Bordiú es en realidad, desde hace años, un objeto de disputas, tensiones, y enfrentamientos entre su propietario, el empresario español José Antonio Oyamburu, que se lo compró a la familia de Franco en los años 80, y las instituciones políticas y culturales de la Comunidad de Madrid a la que pertenece. Y ahora está destrozado por los vándalos, lo que ha llevado a tapiar sus ventanas y puertas de acceso.
La operación de la compraventa del palacio -cedido a Francisco Franco por el conde de las Almenas, José María de Palacios, en 1940- se realizó en secreto entre el marqués de Villaverde -en representación de Carmen Franco- y un intermediario inmobiliario de Torrelodones. Los 8.000 metros cuadrados de la finca y el palacio, monumento histórico-artístico desde 1930, costaron en 1988 la cantidad de 320 millones de pesetas.
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El paso del tiempo y la situación de deterioro y abandono de este BIC (Bien de Interés Cultural) ha enervado poco a poco los ánimos de los vecinos de Torrelodones y enconado las relaciones entre la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, el ente que vela por su catalogación como BIC, y la familia Oyamburu.
El abandono del escenario de 'Raza'
La situación se encuentra en un punto muerto y se resume de la siguiente manera: como explican desde la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, hace meses que se dirigió a la familia Oyamburu para que, dada la situación de abandono del edificio y teniendo en cuenta su valor cultural como joya del románico, presentara un “proyecto de consolidación y conservación sobre los elementos de valor patrimonial del palacio”. Desde este organismo aseguran que lo único que han recibido por su parte ha sido un proyecto de hotel que en su caso se desechó por tratarse de un inmueble que se encuentra en un Parque Natural, haciendo inviable este tipo de licencias.
En 1930 este lugar que ahora languidece fue declarado monumento histórico, y hasta que fue abandonado en los años 80, en la mansión se han vivido experiencias de todo tipo: en la escalera principal falleció el expresidente del Gobierno Antonio Maura; se convirtió en centro de mando militar del Erepublicano en la batalla de Brunete y refugio del líder socialista Indalecio Prieto; pasó a manos del patrimonio del dictador Francisco Franco y sirvió de decorado de la película 'Raza', escrita por el propio Franco bajo el pseudónimo de Jaime de Andrade, y terminó convirtiéndose en el gran desván de la familia del dictador.
Cuenta atrás para los dueños
Desde Patrimonio se asegura que desde el primer momento se ha intentado llevar el caso con un talante conciliador: “Se ha sido flexible en cuanto a plazos. La intención no es sancionar, sino llegar a un entendimiento con la propiedad para resolver la situación de deterioro del inmueble, pero desde hace meses se está a la espera de un proyecto que nunca llega”. Según fuentes consultadas, se han enviado “hasta 3 requerimientos sin respuesta, por lo que aunque no hay un plazo fijado se tomará una decisión en breve. La situación requiere de una respuesta y no se puede esperar eternamente a que el propietario atienda los requerimientos”.
Mientras que el expediente sancionador por parte de la administración está cada vez más cerca, desde el entorno de la familia se defienden, asegurando que el palacio no se encuentra abandonado y que cuando se hicieron con la propiedad, pagando por ella 320 millones de pesetas, ya se encontraba en malas condiciones.
Recordar aquí que el 24 de julio de 1998, el inmueble, de 2.000 metros cuadrados y construido en 1920 por el conde de las Almenas, sufrió un gran incendio que acabó con su cubierta. Para evitar el hundimiento, la Comunidad de Madrid realizó obras de emergencia; después los actuales propietarios rehicieron la cubierta.
¿Habrá sanción?
Además, se apunta que el fondo el problema es político, que las instituciones se niegan a aprobar el proyecto hotelero que se intentó llevar adelante tras su compra. Además, se asegura que no es cierto que el palacio esté o haya estado en venta, pese a que el inmueble aparecía anunciado hasta hace unas semanas en una página web dedicada a la venta de inmuebles de lujo e inversiones de ámbito internacional. Lo cierto es que Patrimonio ha dado un mes al dueño para que presente un proyecto de rehabilitación. Debe reponer, entre otras cosas, un copia de un claustro medieval.
Mientras el enfrentamiento entre las partes sigue, los vecinos de Torrelodones y el propio consistorio claman por una solución definitiva para una de las joyas artísticas de la Sierra Norte.
Aunque desde la Dirección General de Patrimonio prefieren no hablar de sanciones, lo cierto es que existen antecedentes de casos parecidos en otras comunidades autónomas. La ley 3/2013 de 18 de junio que regula el Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid prevé en su artículo 44 sanciones de 60.000 € para las infracciones leves y entre 300.001 y 1 millón de euros para las muy graves.
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