Ana Torroja, dispuesta a pagar un millón de euros para librarse de la cárcel

El caso Relámpago no hace honor a su nombre y parece que cinco años después todavía sigue dando coletazos. Ana Torroja era imputada en 2007 por un supuesto delito de evasión de impuestos. Después de declararse inocente durante todos estos años, según informa El País, la cantante estaría dispuesta a pagar más de un millón de euros para evitar ir a la cárcel.

Según el diario, el juez de Palma Antoni Garcías y el fiscal Juan Carrau estarían buscando la forma de llegar a un pacto para que Ana Torroja se librase de la cárcel. La cantante ha mantenido desde el principio que durante 2006 y 2007, periodo investigado por la fiscalía, no defraudó a la Hacienda española ya que vivió en el extranjero.

Según anunció el juez Garcías, la responsabilidad civil ascendería hasta los 1,8 millones de euros. La cantante tendría que pagar los 1,2 millones de euros que le reclama Hacienda, las multas y las condenas pecunarias que le reclama la fiscalía.

Con esta decisión, Ana Torroja estaría aceptando la decisión del fiscal, pero evitaría un juicio escándaloso y, sobre todo, no se arriesgaría a ser condenada a ingresar en prisión.

La cantante se ha negado a hacer declaraciones públicas sobre el caso en todo este tiempo. Pero tampoco ha querido hacerlo ante un juez. Torroja se ha acogido dos veces a su derecho a no declarar.

La Operación Relámpago

La investigación judicial de la Operación Relámpago fue iniciada el pasado 26 de abril de 2007 por los Juzgados de Instrucción número 1, 11, 12 y 7, que instruyeron las diligencias relacionadas con los registros que se llevaron a cabo esa misma jornada en el bufete de abogados de Miquel Feliu en el Passeig Mallorca, en la notaría 'Herrán y Delgado Notarios' de la calle Unió y en una sucursal bancaria de la zona, todos ellos ubicados en Palma.

Durante el periodo previo al inicio de la actuación judicial, la Agencia Tributaria investigó durante varios meses la presunta canalización de dinero a través de paraísos fiscales, el blanqueo de capitales, las dobles ventas de solares y otra serie de ventas concretas, ya que el bufete Feliu se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.

En septiembre de ese mismo año el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca denegó la petición de prisión incondicional solicitada por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, y las acusaciones particulares para el abogado Miquel Feliu, principal imputado en la 'Operación Relámpago', que investiga el presunto fraude en las dobles ventas de solares en Cala Llamp en Andratx (Mallorca), fraude a la Hacienda Pública, estafa y blanqueo de capitales.