El viudo de Concha García Campoy, absuelto del delito de apropiación indebida

Poco después de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de la periodista Concha García Campoy, su viudo, el productor cinematográfico Andrés Vicente Gómez, ha sido declarado absuelto de un delito de apropiación indebida. La Fiscalía solicitaba cinco años de prisión para él al ser acusado de apropiarse de 270.687 euros que supuestamente pertenecían a una empresa que había absorbido la sociedad Lola Films, en la que figuraba como administrador único.

Este mismo jueves 31 de julio, el productor de películas comoJamón, jamóndeBigas Luna,El Día de la BestiayLa ComunidaddeÁlex de la Iglesiao Belle Époquede Fernando Trueba, ha recibido una buena nueva por parte de la Audiencia de Barcelona que ha decidido fallar a su a su favor al considerar que el dinero que se había apropiado de forma supuestamente indebida “le correspondía a una sociedad que representaba en exclusiva el acusado, aunque éste hiciera constar que lo recibió en su incierta condición de representante de LOLA 2012 SL. El dinero en definitiva, del que supuestamente se apoderó el acusado, no correspondía a la sociedad querellante y aunque lo más correcto hubiera sido que el juzgado mercantil devolviera al Ministerio de Cultura el importe de la ‘ayuda’ que este remitió y que se hubiera dilucidado ante él […] la ausencia de los elementos objetivos de los dos tipos penales por los que se ha formulado acusación, llevan necesariamente al dictado de una sentencia absolutoria”. Con todo ello, se “declaran de oficio las costas del proceso judicial”.

Vanitatis se ha puesto en contacto con el productor de cine, quien asegura que “he pasado unos días muy difíciles por el juicio que se celebró en Barcelona y porque se cumple un año de la muerte de Concha y eso me ha recordado muchas cosas. Pero sabía que iba a salir bien parado en el juicio porque el dinero era mío”, aseguraba.

Un largo proceso judicial que llega a su fin

Andrés Vicente Gómez fue, hasta 2007, administrador único de la productora Lola Films, que en ese año se escindió en dos sociedades: una matriz,Lola Films 2002, que absorbió la compañía que lideraba el productor con dos de sus títulos cinematográficos, yLola Films Internacional, controlada por el productor y que se quedó con los derechos de sus películas. En 2008, una sentencia de la Audiencia de Barcelona ordenó pagar a Lola Films 270.687 euros que, según la Fiscalía, correspondían asubvenciones del Ministerio de Culturaque estaban bloqueadas a raíz de una demanda por derechos intelectuales que la productora finalmente ganó.