El 'marrón' que Ortega Cano traspasó a la nueva dueña de 'La Yerbabuena'

El marrón ecológico que el diestro Ortega Cano traspasó con la venta de la finca La Yerbabuena tiene tintes de perpetuarse en el tiempo. Para entender el conflicto hay que remontarse al mes de mayo de 2008, cuando Ortega Cano se encontraba ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid a causa de una leve pancreatitis. El diestro se sentía indispuesto al volver de Sevilla tras haber estado tentando toros de la ganadería de Guardiola.

Tras recibir el alta del hospital, el torero se encontró con una noticia inesperada: 300 personas, entre ecologistas y jornaleros, asaltaron la finca de Castilblanco de los Arroyos, propiedad del diestro, para exigir la vuelta al dominio público de las vías pecuarias que la atraviesan. Según los ecologistas, las veredas de El Salto de la Trocha y Los Contrabandistas habían sido usurpadas por los “terratenientes de la Sierra Norte sevillana”. La pretensión no era nueva; los jornaleros y ecologistas pedían el deslinde de ambas vías pecuarias, que comunicaban Castilblanco con Almadén de la Plata.

Diego Cañamero, entonces líder del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y hoy diputado por Unidos Podemos, y el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, allanaron la finca llegando hasta la misma puerta de la casa familiar del clan Jurado-Ortega Cano. Allí encontraron a una sorprendida Gloria Mohedano (hermana de Rocío Jurado), que asistía a la escena con estupefacción. Las crónicas de los periódicos de aquel día contaron cómo la marcha concluía con el grupo merendando un bocadillo a las puertas del domicilio antes de marcharse pacíficamente.

Denuncia presentada desde 1992

Según la denuncia presentada el 25 de marzo de 1992, la finca La Yerbabuena contravenía el artículo 11.1 de la Ley 22/74 de Vías Pecuarias. La reclamación de los ecologistas aducía que el cambio del recorrido de las vías pecuarias fue hecho a antojo del interés particular de los dueños de las fincas. A la primera denuncia le siguieron otras, hasta que en 2013 se publicó una modificación de trazado para la vía pecuaria. La acusación recaía en este caso sobre la nueva propietaria de Yerbabuena: Rosario Leonor Torres Carcasi (cuando se inició el expediente era José Ortega Cano) y Cortijo del Campo, propiedad de la Familia Benjumea, que cambiaron el trazado original contraviniendo “el corredor ecológico para la vida salvaje, el intercambio genético de la flora y la fauna silvestre”, se aseguraba en la denuncia de los ecologistas.

Más de 300 alegaciones y 500 recursos de alzada

Según la denuncia original, José Ortega Cano, el propietario original de la finca al inicio del expediente, trasladó la vía pecuaria original al borde de la Carretera de Almadén de la Plata a Castilblanco de los Arroyos, perdiendo en su potencial como conector ecológico.

Cuando se publicó la propuesta de modificación en 2013, se presentaron 300 alegaciones formuladas por distintas asociaciones, colectivos y personas individuales. Tras la aprobación de la propuesta, en mayo de 2014, un reguero de senderistas, ciclistas, caballistas, vecinos incluidos en los “Amigos del Camino de Santiago”,... presentaron 500 recursos de alzada.

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P. Izquierdo

El 4 de mayo de 2015, Ecologistas en Acción interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la resolución aprobatoria del trazado. Tras la desestimación de este último recurso en septiembre de 2017 por el TSJA, se ha recurrido al Tribunal Supremo este pasado mes de diciembre.

Un vía crucis judicial que Rocío Leonor Torres Carcasi, la nueva propietaria de la Yerbabuena desde agosto de 2013, ha heredado del diestro y que tiene pinta de perpetuarse al menos varios años más. Los 5.400.000€ que pagó la empresaria peruana a través de la sociedad LOS RAUDALES P & I SL, y que prometían darle un lugar idílico donde vivir plagado de recuerdos han resultado un mala pesadilla.

Un legado histórico-natural

El principal argumento de la nueva demanda presentada hace unos días se centra en el testimonio de la asociación “Amigos del Camino de Santiago”, que pese a oponerse al trazado propuesto en el expediente, fue tomado a favor del cambio de la vía en la demanda ante el TSJA. Desde la parte demandante esperan que esta sea la definitiva y que finalmente se tenga en cuenta que se trata de conservar un legado histórico-natural de interés capital, único en Europa, más allá de los nombres más o menos célebres de quienes ostentan la propiedad. Habrá que esperar para ver a quien da la justicia la razón.