Nuevas turbulencias en el caso Nóos: ¿la tormenta perfecta para Juan Carlos I?
Quien fuera abogado de Diego Torres, exsocio de Urdangarin, está en batalla legal con su excliente y podría pedir que le levanten el secreto profesional, una amenaza para el emérito
El repudio de Felipe VI a su padre, Juan Carlos I, podría subir de temperatura. En un momento de crisis interna como el que vive la monarquía española, puede que la tormenta perfecta todavía no haya llegado, porque hay quien estos días se revuelve en su despacho lleno de furia. Manuel González Peeters, exabogado de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, ha demandado a quien fuera su cliente por impago. Y esa demanda podría tener consecuencias devastadoras para muchos.
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Recuerden que González Peeters es aquel abogado que intentó demostrar que el Rey emérito estaba al día de todos los desmanes de su yerno. Lo intentó por todos los medios posibles. ¿Todos? Ahora, con la demanda contra su excliente, Peeters podría pedir que se levante el secreto profesional. Y sabemos que cuando este abogado va a por algo, va con todo.
La reducción de pena de la que disfrutaron tanto Torres como Urdangarin fue, por ejemplo, fruto del trabajo de Peeters, a quien la infanta Cristina llegó a consultar durante el juicio sobre si su declaración había estado a la altura.
Implicación personal
La implicación del letrado en el caso Nóos llegó a niveles inusuales porque consideró que el caso lo requería. Y su implicación tuvo hasta consecuencias personales. Ahora, con Torres en contra, Peeters no tiene nada que perder y mucho que ganar. La prensa española e internacional buscaba en su día a Peeters para entrevistarle y sus escritos eran temidos. Si prospera su demanda contra Torres, la situación podría dar un giro espectacular.
El secreto profesional entre abogado y cliente es algo casi sagrado en la ley española, una ley con anclaje en la Constitución. El Código Deontológico de la Abogacía Española, renovado y aprobado en 2019, señala: “El deber y derecho al secreto profesional comprende todas las confidencias y propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros, así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional”.
Claves del secreto profesional
Este secreto profesional es, además, infinito. El Colegio de Abogados de Málaga recuerda: “Este deber-derecho no está limitado en el tiempo, el abogado estará obligado de por vida a preservar el secreto profesional de todo cuanto haya conocido en razón de su actuación profesional, sin que sea relevante para ello el cese en la prestación de los servicios al cliente”.
Pero las normas suelen tener excepciones. Y aquí es donde corre peligro Diego Torres. En el artículo 33 de la normativa de la abogacía queda expresado claramente: “El secreto profesional se puede levantar en los supuestos siguientes: cuando el mantenimiento del secreto pueda causar una lesión notoriamente injusta y grave al profesional de la abogacía o a un tercero. Cuando el profesional de la abogacía sea autorizado de manera expresa por el titular del ámbito de información reservada. En los expedientes disciplinarios colegiales y de impugnación de honorarios”. Este último punto es el que afecta a Torres y Peeters.
Permiso del colegio
El abogado puede pedir permiso al colegio profesional para que le conceda la posibilidad de levantar el secreto profesional y poder defenderse si hay impago de honorarios. Así se detalla en la citada normativa: “En todos los supuestos, el profesional de la abogacía interesado en el levantamiento del secreto lo tiene que solicitar a la Junta de Gobierno del partido judicial donde tiene que tener efectos el levantamiento acordado o al miembro de la junta en el cual esta lo delegue, la cual lo autorizará si se cumplen los requisitos establecidos en este artículo, atendiendo los intereses en conflicto”.
El artículo 33 prevé expresamente la posibilidad de levantar el secreto profesional cuando hablamos de impugnación de honorarios, previa dispensa concedida por la correspondiente Junta de Gobierno. ¿Qué podría suceder si Peeters, para reclamar por vía judicial que su cliente le pague, incluye en sus escritos información del caso Nóos? ¿Sabemos toda la verdad de lo que sucedió? ¿Hasta dónde llegará Manuel González Peeters?