Quién tiene derecho a escolta: de la infanta Margarita a Sonsoles Espinosa y Ana Botella

Andamos estos días a vueltas con los escoltas por la próxima retirada del servicio a Iñaki Urdangarin. Se entiende que tener escolta es un derecho para muchos ciudadanos ilustres, un privilegio, cierto, pero a veces se puede convertir en una carga.

Sonadas son las quejas de los vecinos de Marbella cuando en verano se concentran en la ciudad varios expolíticos con escolta que dejan a la policía sin efectivos. Por decreto, los exvicepresidentes y sus mujeres cuentan siempre con seguridad facilitada por el Gobierno.

No son los únicos, jueces, fiscales, figuras públicas y familiares del Rey son algunos de los personajes que viven acompañados por esas sombras que a veces se convierten en colegas. Los hay quienes los tendrán de por vida, como es el caso de los expresidentes, y los hay que los tienen de forma puntual porque el Ministerio de Interior ha considerado en el momento que era necesario.

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En abril de 1992, con Felipe González de presidente, se aprobó un real decreto que velaba por los intereses de los expresidentes y les facilitaba la vida tras haber estado en lo más alto. La intención era evitar puertas giratorias y no mandar de cabeza a la empresa privada a quienes habían estado al frente del Gobierno.

Por real decreto

El citado decreto regula el estatuto de los expresidentes y, además de su pensión vitalicia, se les ofrece una oficina de representación con dos puestos de trabajo cubiertos por libre asignación. Además, se les pone a disposición un coche con chófer dependiente del Estado y los servicios de seguridad que Interior estime necesarios. Tal como se informa en el Portal de Transparencia, cada uno de los expresidentes cuentan con un presupuesto de 74.580 euros brutos anuales desde 2012.

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El mismo decreto regula la situación de las mujeres de los expresidentes. En el apartado 3 se puede leer que estas medidas “serán de aplicación al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad de los expresidentes del Gobierno”. Este punto se refiere al coche oficial y a la escolta que las mujeres de los expresidentes, como Sonsoles Espinosa y Ana Botella, tienen a su disposición.

La infanta Margarita

No son ellos los únicos que cuentan con escolta facilitada por Interior. En la familia del Rey hay varias figuras que cuentan con seguridad pública de por vida. Entre ellas está la infanta Margarita, hermana de don Juan Carlos I y tía de Felipe VI. La duquesa de Soria, casada con el médico Carlos Zurita, ha tenido escolta y coche oficial desde años inmemoriales. Ciega de nacimiento, con la salud bastante mermada últimamente, la vemos poco en actos públicos. En su caso, no obstante, muchas veces decide no usar la escolta porque prefiere ir acompañada solo de su familia.

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Sabemos, lo hemos contado muchas veces, que tanto la infanta Elena como la infanta Cristina tienen escolta, pero no así sus hijos mayores de edad. La única nieta de los Reyes eméritos que mantiene la protección es Irene Urdangarin, solo cuando viaja a España; en Ginebra usa agentes destinados a su madre. Y cuando cumpla los 18, perderá el privilegio o el deber, según se mire, de tener escolta.

Judicatura

Entre los personajes públicos a quienes se les destina dispositivos de seguridad se encuentra la judicatura. Jueces responsables de casos polémicos y sonados cuya integridad física puede estar en peligro y que Interior prefiere salvaguardar. Incluso tras la desaparición de ETA, algunos jueces, fiscales y abogados corren unos riesgos profesionales que provocan que necesiten de protección. La jueza Mercedes Ayala, encargada de la instrucción del caso de los ERE de Andalucía, tuvo que vivir protegida por agentes durante años (un lustro en total).

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Una medida polémica tomada por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue la retirada de la escolta a los jueces de la Audiencia Nacional, los magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional, y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos contaban con escolta por defecto para evitar que ETA atentara contra ellos.

Los jueces y Marichalar

Pero llegó la paz y con ella se retiraron los escoltas, 600 en total, algo que no gustó demasiado a la judicatura, que en pleno se quejó al Gobierno. En aquel entonces, Jaime de Marichalar contaba con un equipo de escoltas pese a estar ya divorciado de la infanta Elena, lo que hizo que más de un magistrado alzara la voz.

Otro caso relacionado con los escoltas de un personaje público que trascendió por cuestiones ajenas a la seguridad fue el de Irene Montero. Fue por el llamado caso Niñera, por el que varios agentes de seguridad de la ministra de Igualdad declararon en su contra en los juzgados porque, según dijeron, les habían pedido, siempre de forma puntual, que realizaran tareas fuera de sus responsabilidades, como hacer recados.

Las declaraciones de estos escoltas se pidieron por las investigaciones que se iniciaron al conocerse indicios de que la citada ministra podía haber estado usando a cargos públicos como niñera. El testimonio de los agentes debía servir para esclarecer algo los hechos.

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Lo decíamos al inicio: tener escolta puede parecer un privilegio de unos pocos, aunque algunos de esos pocos lo vean como un peso. Les sucedía a los hijos de la infanta Elena, Felipe y Victoria, quienes de adolescentes trataron de zafarse de la escolta en muchísimas ocasiones. Más protección, sí, pero menos libertad. Dos derechos fundamentales, está recogido hasta en el BOE, que a veces chocan uno con otro.