Los hijos de la infanta Pilar plantan cara a Hacienda con su empresa patrimonial

Cuando falleció la infanta Pilar, en enero de 2020, los hermanos Gómez-Acebo Borbón comprobaron el cariño que mucha gente sentía por su madre, una mujer dura de puertas para afuera, pero protectora y muy generosa con los suyos. Como en cualquier familia, los hijos se tomaron un tiempo en poner en orden el caudal hereditario, hacer lotes equitativos y acordar los detalles del reparto de un patrimonio que incluía algunas propiedades inmobiliarias en Madrid y Mallorca, inversiones, joyas y mobiliario histórico. Lo hicieron en privado y con algunos de sus efectos personales llevaron a cabo acciones solidarias.

Una de las primeras cosas en las que se pusieron de acuerdo Simoneta, Beltrán, Bruno, Fernando y Juan Gómez-Acebo fue en poner a la venta los bienes inmuebles, para evitar costes añadidos de mantenimiento. Las casas se gestionaban principalmente a través de la sociedad patrimonial de la familia, San Jacobo SL, creada por Luis Gómez-Acebo en los años 60 y cuyo objeto es "la compraventa y alquiler de inmuebles y terrenos por cuenta propia y la administración, gestión y desarrollo del propio patrimonio".

El patrimonio de San Jacobo estaba formado por varias propiedades adquiridas a lo largo de los años y encabezadas por el domicilio familiar de la infanta en Puerta de Hierro, que hoy está cerrado a cal y canto. También contaban con un piso de más de 300 metros cuadrados en la calle Velázquez de Madrid, en plena milla de oro, que estaba destinado a usos profesionales; dos propiedades en Calviá, dentro de la urbanización Sol de Mallorca, o un pequeño piso en la calle Mayor de Madrid.

Una vez que falleció Pilar de Borbón, se creó un consejo de administración formado por los cinco hermanos Gómez-Acebo Borbón para gestionar San Jacobo. La nueva estructura empresarial situaba a Simoneta Gómez-Acebo como presidenta de la entidad, y a Juan, Fernando, Beltrán y Bruno, como consejeros. Además, dieron entrada como secretario a uno de sus primos, Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo. Su intención era liquidar el patrimonio y, con el tiempo, cerrar la empresa.

Pero con la sociedad heredaron también un conflicto que San Jacobo mantenía con la Agencia Tributaria desde 2017, cuando Hacienda les comunicó que estaba inspeccionando los ejercicios 2012 y 2013. Había un desacuerdo en cómo habían liquidado el impuesto sobre sociedades (IS) y el IVA. La empresa mostró su disconformidad e interpuso un recurso ante el TEAR de Madrid, el Tribunal Económico-Administrativo Regional, mientras ajustaba las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores de acuerdo con el criterio de la Administración con la presentación del IS del ejercicio 2018. En junio de 2021, el TEAR de Madrid estimó parcialmente el recurso de los hermanos, "atendiendo a la falta de motivación de la liquidación". No fue el final.

La Agencia Tributaria les comunicó de nuevo en febrero de 2022 que continuaban con sus actuaciones de inspección. La sociedad firmó el acta de inspección en disconformidad al no estar de acuerdo con los coeficientes de correctores aplicados por la inspección, y procedió de nuevo a presentar alegaciones ante el TEAR de Madrid. El 13 de marzo de 2023, el Tribunal emitió un fallo con estimación parcial del recurso atendiendo, nuevamente, a la falta de motivación de la liquidación. "En mayo de 2023 y tras la solicitud de ejecución de la resolución ante la Agencia Tributaria, esta emite acuerdo de ejecución de resolución económico-administrativa".

La falta de motivación es uno de los argumentos más utilizados a la hora de impugnar las decisiones de cualquier administración pública, también de Hacienda. En la práctica viene a decir que no quedan muy claras las razones que han propiciado la decisión del órgano administrativo de turno y, por tanto, el afectado se ve incapacitado de rebatirlo en el fondo. "Cuando estamos ante liquidación o sanción tributaria sin motivación, el contribuyente no sabe con certeza a qué se refiere Hacienda ni por qué se le exige el pago de una deuda tributaria. Uno está entonces en disposición de indicar a Hacienda que no se comprenden los motivos de esa regularización o de la imposición de la sanción", explica un experto.

Los detalles de su conflicto con la Agencia Tributaria se especifican en el nuevo balance de cuentas que ha presentado San Jacobo en el Registro Mercantil, correspondiente al ejercicio 2022. En él, además de este asunto, se ve cómo el patrimonio de la entidad bajó en ese curso cuatro millones de euros, en consonancia con las ventas que han hecho los hermanos de la mayor parte de la cartera inmobiliaria que gestionaban a través de San Jacobo. En el ejercicio 2022, la empresa declara pérdidas por valor de más de 80.000 euros, pero sus fondos propios superan el millón setecientos mil euros.