Dolores Delgado dimite: de la polémica con Panamá a su relación con el juez Garzón
La que fuera fiscal general del Estado ha anunciado su renuncia al cargo por motivos de salud y será sustituida por su mano derecha, Álvaro García
En lo que está suponiendo una serie de dimisiones sorprendentes por motivos personales, después de que Adriana Lastra presentara su renuncia como vicesecretaria general del PSOE, pocas horas después ahora ha sido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que ha presentado su renuncia al cargo aduciendo motivos de salud.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado explica que Delgado ha remitido una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que le traslada su voluntad de apartarse de sus responsabilidades, para que informe al Gobierno.
Con celeridad, el Consejo de Ministros nombrará hoy al fiscal de Sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, para sustituirla en el puesto.
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Esta madrileña de 59 años se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid para cursar posteriormente un máster impartido por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid y la Universidad Complutense.
Después de trabajar como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Fiscalía Especial Antidroga y en la Audiencia Nacional, Pedro Sánchez la nombraba ministra de Justicia en 2018, un cargo donde vivió malos tragos como cuando se filtraran varias informaciones en El Confidencial en las que se daba cuenta de su 'amistad' con el comisario Villarejo. Desde ese puesto saltaría a fiscal general del Estado en 2020.
Experta en la lucha contra el terrorismo, especializada en el yihadista, ha sido miembro de la Unión Progresista de Fiscales y es defensora de la Justicia Universal. Ella fue la fiscal que consiguió la primera condena en España por crímenes de lesa humanidad, una pasión que comparte con el exjuez Baltasar Garzón, con el que hizo una buena amistad mientras compartían destino en la Audiencia Nacional.
La fiscal se convirtió en una de las más estrechas colaboradoras de Garzón mientras él fue titular del Juzgado número 5. Incluso siguió sus pasos profesionales hasta el Tribunal Penal Internacional, en La Haya, haciendo valer sus conocimientos en justicia universal en asuntos como el de los crímenes de guerra cometidos por el régimen de Gadafi.
Cuando se conocieron en 1993, ambos estaban casados. Ella con Jordi Valls Capell, un ejecutivo catalán con el que tuvo dos hijos. Él, con una bioquímica granadina llamada Rosario Molina. Hoy ambos están divorciados y durante los últimos años hemos visto cómo su estrecha amistad iba subiendo de intensidad hasta convertirse en una relación sentimental que hace tiempo que ya no esconden.
Arreglados a inicios de este año los últimos flecos del divorcio de la ya ex fiscal general, Delgado y Garzón disfrutan en plena libertad de su vida en pareja. Los juristas viven juntos en una casa a las afueras de Madrid. Se trata de una finca con piscina, vistas despejadas y un césped infinito donde, como han publicado algunos medios, incluso tienen huerto y crían gallinas.
Esta apacible vida se veía sacudida para Dolores Delgado cuando el pasado mes de abril surgía la noticia de una supuesta imputación de la Audiencia Nacional a ella y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por "blanqueo de capitales y fraude fiscal" tras una denuncia presentada por el exjuez Fernando Presencia. En ella se afirmaba que Delgado poseía una cuenta en Panamá con más de 3 millones de dólares.
Pero, como desmintió la agencia EFE, la imputación no llegó a producirse y se archivó la denuncia, procediéndose a investigar si el denunciante, que fue expulsado de la carrera judicial, incluso se había inventado alguna de las pruebas en que la basó.
En lo que está suponiendo una serie de dimisiones sorprendentes por motivos personales, después de que Adriana Lastra presentara su renuncia como vicesecretaria general del PSOE, pocas horas después ahora ha sido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que ha presentado su renuncia al cargo aduciendo motivos de salud.