Guillermo y Máxima de Holanda no pagan impuestos. ¿Y Felipe y Letizia?

No es una reivindicación nueva, pero sí más factible hoy que ayer. La Constitución holandesa exime a su rey del pago de impuestos sobre la renta, algo que muchos ciudadanos no ven con buenos ojos. Tal y como publicaba esta semana El Confidencial, se requiere que una mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado estén de acuerdo en cambiar eso para poder modificar la Carta Magna en este punto, y la Cámara de Representantes que salió de las elecciones del pasado noviembre se acerca mucho. Así, tras años de polémica y debate, parece más probable que nunca que Guillermo y Máxima de Holanda terminen pagando sus impuestos como dos ciudadanos más.

En Países Bajos, los reyes no pagan impuestos sobre sus rentas, herencias, donaciones y parte de su capital. Sí pagan otros impuestos sobre actos privados o el IVA. La Corona holandesa, que a pesar de eso goza de un gran respaldo ciudadano, comparte este privilegio con algunas otras monarquías europeas como la noruega y la danesa (la belga empezó a pagar impuestos en 2013). Los reyes Federico y Mary, la reina Margarita o su hermana la princesa Benedicta están exentos de pagar el impuesto sobre la renta, así como los derivados de la matriculación de vehículos y los impuestos medioambientales. Sin embargo, sí tienen que responder ante las herencias, sus propiedades y los regalos que reciben.

La monarquía británica decidió empezar a pagar tributos en 1993, como un gesto de solidaridad con su pueblo en plena crisis de popularidad. Aquel año, la fallecida reina Isabel anunció que tanto ella como su heredero, el príncipe Carlos, abonarían cada año al tesoro británico un 40% de sus ingresos privados, fuera cual fuera su procedencia. La Lista Civil (el 'sueldo' que reciben como jefes de Estado) está exenta de impuestos, igual que los palacios, cuya propiedad se entiende como pública, o su colección de arte.

El caso español

¿Y qué pasa en España? En abril de 2022, el rey Felipe VI hizo público su patrimonio personal. No estaba obligado, lo hizo de forma voluntaria con la intención de cumplir con el mensaje de su proclamación, en 2014, y "reforzar la confianza en la Corona y en el Rey". Según el dato que facilitó la propia Zarzuela, su patrimonio personal ascendía entonces a 2.573.392,80 euros. De esta cantidad, algo más de 2,2 millones eran depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores de participación en fondos, mientras que unos 300.000 euros eran joyas y antigüedades. Felipe VI no tenía bienes inmobiliarios ni tampoco dinero en el extranjero.

La fortuna del hijo de Juan Carlos I procede de las retribuciones recibidas en los últimos 25 años, primero como Príncipe de Asturias y desde 2014 como Rey. En ese periodo, Felipe VI percibió una cantidad bruta de 4.275.796,94 euros. En ese mismo comunicado, Zarzuela confirmaba por primera vez abiertamente que el Rey presenta cada año la declaración de la renta y del patrimonio asistido por la Agencia Tributaria.

"De dichas cantidades han de deducirse las retenciones fiscales practicadas, así como el importe de los impuestos satisfechos a lo largo de esos 25 años", decía textualmente el comunicado de Palacio. "Dicho patrimonio está integrado por: 2.267.942,80 euros en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad. 305.450,00 euros en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal que han sido objeto de la correspondiente tasación".

El gesto, de indudable carga simbólica, dejó sin embargo algunas lagunas. No se especificó cuáles eran las inversiones privadas del monarca. Tampoco se hizo público el patrimonio de la reina Letizia por no tener "responsabilidades constitucionales", ni se detallaron cuáles eran esas joyas y obras de arte fuera del ámbito de Patrimonio Nacional que son propiedad privada de Felipe VI y cuyo valor superaba los 300.000 euros.

El Rey dio un golpe de efecto publicando su patrimonio, muy modesto comparado con el resto de los jefes de Estado europeos. En nuestra monarquía, los bienes adscritos a la Corona son de titularidad pública y están gestionados por Patrimonio Nacional, una "institución única en el mundo que maneja uno de los conjuntos históricos más importantes, entre los de las antiguas cortes de Europa". Patrimonio tiene la doble obligación de servir a la Jefatura del Estado y además poner a disposición de los ciudadanos ese fabuloso legado. Así, aunque ni el rey Felipe ni la reina Letizia tienen ningún inmueble o finca a su nombre en territorio español a título privado, sí son usufructuarios del Pabellón del Príncipe, su casa, o del palacio de Marivent, de los que disfrutan sin pagar impuestos como el IBI.

Desde el pasado 2023, el rey Felipe cuenta con un sueldo anual de 269.296 euros. Si tuviéramos en cuenta solo esa cantidad, se le practicaría una retención de en torno a un 40% en su declaración de IRPF.