La guerra entre Diego Torres y González Peeters ya tiene fecha de juicio

Durante un tiempo fueron inseparables. Pero, como sucede en tantas relaciones, la buena sintonía dio paso a un enfrentamiento que terminó en odio. Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, y su exabogado, Manuel González Peeters, fueron durante meses el azote de la monarquía, los responsables de mostrar la cara más cruda de las relaciones familiares en el seno de la Casa Real.

Quisieron demostrar que el rey Juan Carlos I estaba implicado en todos los negocios de su yerno y, aunque no lo lograron, dejaron a la Corona tocada. Y ahora letrado y cliente viven su particular guerra, una batalla que ya tiene fecha en los tribunales. Peeters demandó a Torres por impago de sus cuotas y en marzo de 2022, según ha podido saber Vanitatis, se celebrará el juicio por la reclamación de la cantidad pendiente.

Gonzalez Peeters, un abogado reconocido y famoso en Barcelona desde hace décadas, se convirtió en uno de los personajes clave en el proceso del caso Nóos que llevó finalmente al cuñado del rey Felipe a prisión. Para defender a su cliente, Diego Torres, incorporó en el sumario decenas de mails en los que se reflejaba el dudoso comportamiento de Urdangarin durante años y hasta salieron a la luz conversaciones privadas entre la infanta Cristina y su marido.

¿Teléfono pinchado?

Durante aquellos duros años, Peeters denunció varias veces que habían entrado en su despacho, que le seguían por la calle y temía incluso que su teléfono estuviera pinchado. Un proceso que le pasó factura incluso en el plano personal. Pero quería defender a Torres de lo que consideraba injusto, por eso su sorpresa fue máxima cuando no recibió el pago de sus servicios. Así que decidió demandar a su excliente, quien cuenta ya con otro abogado.

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La relación entre ambos empezó a torcerse en noviembre de 2019. Peeters pedía a su cliente que le pagara algo de lo que le debía. Sobre todo cuando logró que el juez diera permiso a su mujer, Ana María Tejeiro, para que pudiera disponer de 400.000 euros. Entonces se complicó la cosa. Porque Torres, después de tener a su familia a pan y agua por el duro embargo al que le sometió el juez, pensó que su mujer se merecía todo el dinero. Que su abogado, supuestamente, ya cobraría. O no. La cuestión es que Peeters insistió y no recibió ni un euro, según fuentes cercanas al abogado. Y no hay que enfadar a Peeters.

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La última visita del abogado a su cliente tuvo lugar en diciembre de ese mismo año. Terminó a gritos, con insultos por ambas partes y alguna que otra amenaza, relatan las mismas fuentes. Ahora, con la demanda sobre la mesa, el abogado tiene la sartén por el mango. Diego Torres ingresó en prisión el mismo día que Iñaki Urdangarin, el 18 de junio de 2018, y ya disfruta del tercer grado. Desde Vanitaits hemos intentado hablar con ambas partes, pero no hemos logrado respuesta directa.

Tercer grado

Todo el tiempo en el que Torres estuvo en prisión recibió decenas de visitas de González Peeters. La reducción de pena de la que disfrutaron tanto Torres como Urdangarin es, sin duda, fruto del trabajo de Peeters, a quien la infanta Cristina llegó a consultar durante el juicio sobre si su declaración había estado a la altura.

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Lo que puede suceder a raíz del juicio es que salgan a la luz secretos de Torres y el caso Nóos. Porque podría romperse el secreto profesional entre abogado y cliente, algo sagrado en la ley española por una ley con anclaje en la Constitución. El Código Deontológico de la Abogacía Española, renovado y aprobado en 2019, señala: “El deber y derecho al secreto profesional comprende todas las confidencias y propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros, así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional”.

Amenaza a la concordia

Este secreto profesional es, además, infinito. El Colegio de Abogados de Málaga recuerda: “Este deber-derecho no está limitado en el tiempo, el abogado estará obligado de por vida a preservar el secreto profesional de todo cuanto haya conocido en razón de su actuación profesional, sin que sea relevante para ello el cese en la prestación de los servicios al cliente”.

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Pero las normas suelen tener excepciones. Y aquí es donde corre peligro Diego Torres. En el artículo 33 de la normativa de la abogacía queda expresado claramente: “El secreto profesional se puede levantar en los supuestos siguientes: cuando el mantenimiento del secreto pueda causar una lesión notoriamente injusta y grave al profesional de la abogacía o a un tercero. Cuando el profesional de la abogacía sea autorizado de manera expresa por el titular del ámbito de información reservada. En los expedientes disciplinarios colegiales y de impugnación de honorarios”.

Este último punto es el que afecta a Torres y Peeters, quienes se verán las caras, de nuevo, en unos meses.