La duquesa del Infantado acelera la reapertura del castillo de Manzanares el Real
La familia ducal ultima los trámites para conseguir abrir esta fortaleza al público tras más de un año cerrada. Empresarios y vecinos esperan el regreso del turismo
La reapertura del castillo de Manzanares el Real entra en su fase decisiva. La duquesa del Infantado y su hija, la marquesa de Cea, propietarias del histórico enclave madrileño, han presentado ya ante el Ayuntamiento toda la documentación necesaria para obtener la esperada licencia provisional, un paso clave que acerca el final de un cierre que se ha prolongado durante más de un año. A la espera de los informes favorables de las distintas entidades implicadas, el proceso administrativo entra ahora en su recta final.
No se trata de un monumento cualquiera. El castillo de los Mendoza, levantado en el siglo XV por orden del primer duque del Infantado, es una de las fortalezas mejor conservadas de España y símbolo del poder de esta influyente familia nobiliaria en tiempos de los Reyes Católicos. A apenas 50 kilómetros de Madrid, su silueta junto al embalse de Santillana lo ha convertido en uno de los grandes polos turísticos de la sierra norte madrileña y en escenario habitual de rodajes, visitas culturales y actividades educativas durante décadas.
El cierre se produjo a comienzos de 2025 tras el fin del acuerdo por el que la Comunidad de Madrid gestionaba el recinto. La recuperación de la gestión por parte de Almudena de Arteaga obligó a iniciar un complejo proceso administrativo: al no existir una licencia de actividad transferible y debido a la calificación urbanística del suelo como rústico, fue necesario tramitar desde cero todos los permisos exigidos a una gestión privada, lo que hizo inviable mantener el castillo abierto al público en ese periodo.
Desde entonces, las negociaciones entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Manzanares el Real y la familia ducal han permitido articular una solución transitoria: la concesión de una licencia provisional que autorice las mismas actividades que el castillo venía desarrollando durante décadas. Esa vía, condicionada al cumplimiento de todos los requisitos técnicos y de seguridad, es la que ahora encara su desenlace administrativo.
En paralelo, la propiedad ha acometido un importante esfuerzo económico para adaptar las instalaciones a la normativa vigente. Sistemas eléctricos, conducciones, medidas de protección contra incendios e infraestructuras básicas han sido objeto de una profunda actualización con el objetivo de garantizar una reapertura segura. Todo ello bajo la supervisión del equipo liderado por Teresa Anchustegui, marquesa de Cea e hija de la duquesa del Infantado, que ha pilotado este complejo proceso.
La expectativa es que la apertura sea inminente si los informes pendientes reciben luz verde. De hecho, desde el entorno del proyecto se insiste en que el objetivo sigue siendo reabrir el castillo a lo largo de esta primavera, un horizonte que ahora parece más cercano que nunca. Mientras tanto, la propiedad asegura que seguirá informando de cada avance, consciente del interés que despierta uno de los grandes iconos patrimoniales de la Comunidad de Madrid.
La reapertura no solo tiene un valor cultural y simbólico, sino también económico. Durante este tiempo de cierre, los empresarios y hosteleros de Manzanares el Real han visto caer notablemente su facturación (se ha publicado que hasta un 40%), muy dependiente del flujo de visitantes que atrae el castillo. Según recogen medios locales, el sector lleva meses esperando este momento como un punto de inflexión que permita reactivar la actividad turística en la zona. Ahora, con la tramitación encarrilada, la cuenta atrás ha comenzado.
La reapertura del castillo de Manzanares el Real entra en su fase decisiva. La duquesa del Infantado y su hija, la marquesa de Cea, propietarias del histórico enclave madrileño, han presentado ya ante el Ayuntamiento toda la documentación necesaria para obtener la esperada licencia provisional, un paso clave que acerca el final de un cierre que se ha prolongado durante más de un año. A la espera de los informes favorables de las distintas entidades implicadas, el proceso administrativo entra ahora en su recta final.