Quién es el sultán de Joló y por qué sus herederos han demandado a España

El pleito multimillonario que enemistó hace años a los herederos del sultán de Joló con Malasia ha vuelto a copar los titulares, pero esta vez la familia va contra España. Los descendientes de Jamalul Kiram II acusan al Estado de haber dificultado el cobro del laudo que daba valor a su derecho de recibir más de 13.000 millones de euros por parte del país asiático por el incumplimiento de un contrato del siglo XIX. Piden una cantidad de nada más y nada menos que 16.300 millones a España mediante una demanda de arbitraje. Es la cantidad de laudo que todavía no han logrado obtener más los intereses.

Los orígenes de este litigio, uno de los más caros de la historia del arbitraje y el más caro de España, se remontan a 1878, cuando el sultán de Joló firmó con dos comerciantes europeos un acuerdo para el arrendamiento de la explotación de perlas, nidos de pájaros y maderas. Los arrendatarios pagaron hasta 1946, cuando la corona británica se hizo con los derechos del contrato. La situación cambió en 1963, ya que Malasia empezó a afrontar los pagos tras lograr su independencia.

Cuando encontraron nuevos recursos naturales, como el petróleo y el gas, en las décadas de los 80 y los 90, los herederos intentaron renegociar el contrato, pero Malasia lo rechazó. Rompieron finalmente en 2013, después de que el estado asiático alegara que el territorio de Joló le corresponde legítimamente desde 1957.

Este fue el motivo por el que los herederos iniciaron un arbitraje. Madrid fue elegida capital para zanjar la disputa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el nombramiento de Gonzalo Stampa, el árbitro que fue designado en 2019 para dirimir la controversia. Y los herederos del sultán aseguran que España ha reducido la capacidad de los demandantes para ejecutar el laudo además de poner en cuestión la actuación de Stampa.

El abogado Gonzalo Stampa falló a su favor de los herederos, al reconocer su derecho a una indemnización de 13.770 millones de euros. Sin embargo, la validez de este laudo está en el aire. Malasia y la Fiscalía, que llegó a presentar una denuncia contra el árbitro, defienden que el país asiático sufrió indefensión porque el procedimiento no le fue notificado correctamente y porque el veredicto fue dictado pese a que el nombramiento del letrado había sido anulado.

Stampa fue condenado a seis meses de prisión, con una sentencia que no es firme aún, ya que se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, los herederos han buscado el bloqueo de activos malasios para garantizar el pago de la deuda.