¿Cuánto se han gastado los británicos en conseguir que Harry y Meghan no tengan escolta oficial?

Hace tan solo unos meses, los duques de Sussex se atrevían a contar su historia en primera persona a través de una serie documental de Netflix. El formato audiovisual no solo revelaba secretos de algunos de los miembros de la Casa Real británica, sino que además dejó al descubierto la vida privada de la pareja y también sus mayores preocupaciones. Entre ellas destacó la decisión de la institución de retirar a Harry y Meghan sus escoltas oficiales justo antes del inicio de la pandemia. “No estábamos protegidos y todo el mundo sabía cuál era nuestra posición. Teníamos verdadero pánico a qué nos pudiese pasar”, relataba el hermano del príncipe de Gales.

Por ello, decidieron acudir a la vía judicial británica para resolver esta problemática. Los duques de Sussex solicitaron protección oficial cuando se encontraron en el Reino Unido ante el tribunal de Londres. Cuando en enero de 2020 ambos decidieron mudarse a los EEUU y abandonar oficialmente la institución, se desprendieron de todas los privilegios que les pertenecían. Sin embargo, gracias al acuerdo con Buckingham, pudieron mantener el título nobiliario y una financiación económica hasta que pudiesen alcanzar una independencia total, pero no la seguridad.

Este hecho desencadenó una contienda legal de la que hoy se han podido conocer los primeros datos económicos. Según la información publicada por varios medios de la nación, obtenidos a través de la ley de libertad de información, los contribuyentes habrían desembolsado un total de 296.882 libras, al cambio 334.130 euros, para evitar que Harry y Meghan pudiesen disponer de escoltas oficiales pagados.

Este caso judicial, iniciado en otoño del 2021, es el primero que enfrenta a un miembro de la Casa Real contra el Gobierno británico. Sin embargo, tal y como informó en un comunicado oficial, el objetivo del duque de Sussex es ante todo “garantizar su seguridad y la de su familia mientras se encuentra en el Reino Unido para que sus hijos puedan conocer su país de origen”, ya que, aunque cuenten con un equipo de escoltas privados, estos no tienen ningún tipo de poder en el extranjero, ni acceso a la información de inteligencia del Reino Unido, necesaria para mantenerlos a salvo.

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Por otro lado, el propio escrito informaba del interés de Harry en hacerse cargo de los gastos necesarios para que así no tuvieran que correr a cargo de los contribuyentes, pero matizando que había casos de personas que habían abandonado sus cargos públicos y mantenían su equipo de seguridad. Además, se apuntaba a lo largo del texto: “El príncipe Harry heredó un riesgo de seguridad al nacer, de por vida. Sigue siendo el sexto en la línea de sucesión al trono y, en los últimos años, su familia ha sido objeto de amenazas neonazis y extremistas bien documentadas”. El Ministerio del Interior del Reino Unido decidió rechazar esta oferta alegando que la cifra ofrecida por el hijo de Carlos III no era suficiente para cubrir los gastos, iniciándose así la batalla legal.

En febrero de 2022 tuvo lugar la primera audiencia en el Alto Tribunal de Justicia de Londres. Los representantes legales de Harry y Meghan afirmaron que eran “incapaces de volver a su hogar a causa de la falta de seguridad”, no pudiendo así cumplir el deseo de que Archie y Lilibet desarrollaran un apego a su lugar de origen. La respuesta por parte del Ministerio del Interior británico fue clara: “El personal de seguridad proporcionado por la policía no está disponible a través de una financiación privada”.

De esta manera, ante una falta de acuerdo más que evidente, el caso judicial continúa en activo, lo cual no solo aumentará el nivel de gastos públicos de los contribuyentes de la nación, sino que también podría llegar a solaparse con la coronación de Carlos III de Inglaterra, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo.