El príncipe Guillermo, en apuros como casero: la nueva ley de vivienda que pone en jaque su fortuna millonaria

El príncipe Guillermo se ha consolidado como una de las figuras con mayor influencia, y también con uno de los patrimonios inmobiliarios más extensos del Reino Unido, tras asumir en 2022 la gestión del Ducado de Cornualles, la enorme cartera de tierras, propiedades y negocios que heredó de su padre, el rey Carlos III. Un entramado que, según las cifras más repetidas, le reporta en torno a 23 millones de libras anuales (unos 26 millones de euros), situándolo en el centro de una de las estructuras patrimoniales más singulares y discretas de la familia real británica.

Sin embargo, este imperio inmobiliario podría verse sacudido a partir del 1 de mayo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Derechos de los Inquilinos, una reforma de gran calado que promete cambiar las reglas del juego en el mercado del alquiler. Tal y como señaló la experta en derecho inmobiliario Natalie Peacock, del bufete Rogers & Norton, a la revista Hello, los arrendatarios del Ducado quedarán plenamente sujetos a la nueva normativa, sin excepciones, y pasarán a contar con las mismas protecciones que cualquier otro inquilino del sector privado.

Entre las medidas más destacadas figuran la eliminación de los contratos de duración determinada, la prohibición de los desahucios sin causa justificada y la posibilidad de recurrir subidas de renta consideradas abusivas. A ello se suma la limitación de las actualizaciones de alquiler a una vez al año, un cambio que refuerza el control sobre los precios y otorga mayor estabilidad a los inquilinos, que ahora podrán plantar cara con más herramientas ante posibles abusos o incumplimientos.

En paralelo, el foco mediático vuelve a posarse sobre la fortuna y la estructura financiera de la Casa Windsor, especialmente tras las investigaciones recientes que han arrojado nueva luz sobre la magnitud de los ducados de Lancaster y Cornualles. Un auténtico mosaico de más de 5.000 propiedades que incluye desde aparcamientos y escuelas hasta minas, puentes de peaje o terrenos destinados a infraestructuras públicas.

Más allá de las cifras, lo que más ha llamado la atención son los privilegios históricos aún asociados a estos ducados, como la figura de la ‘bona vacantia’, que permite la apropiación de bienes sin dueño en Cornualles. También ha generado debate el hecho de que instituciones públicas o entidades benéficas lleguen a pagar rentas significativas por el uso de algunos de estos activos, en ocasiones vinculados incluso a organizaciones patrocinadas por la propia familia real.

Aunque tanto el monarca como el príncipe de Gales no están obligados a tributar de forma estricta por estos ingresos, sí realizan aportaciones voluntarias, manteniendo así un delicado equilibrio entre tradición, opacidad histórica y una enorme capacidad económica que sigue despertando interés, y controversia,  dentro y fuera del Reino Unido.